El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, ha realizado serias acusaciones contra Enrique Fuerte Facio, el jefe de tenencia de San Miguel del Monte. Valencia ha apuntado a la supuesta conexión de Facio con cárteles de la droga, un tema que ha suscitado preocupación en la comunidad.
En una conferencia semanal, Valencia señaló la inquietante presencia de la organización delictiva “Hermanos de la Sierra” en la zona, quienes estarían intentando apoderarse de recursos públicos a través de métodos de autogobierno en la localidad. Dada esta situación, el dirigente del PRI no solo ha pedido la suspensión de la consulta programada en San Miguel del Monte, sino que también exigió una investigación exhaustiva hacia el jefe de tenencia.
Valencia fue contundente al relatar que el temor generado por esta organización delictiva está siendo utilizado para coaccionar a los ciudadanos y obtener beneficios económicos indebidos. “No pido que se posponga la consulta en la tenencia de San Miguel del Monte, solicito que se cancele, porque están las manos del Sierra Uno metidas ahí”, expresó. Además, enfatizó que el yerno de Facio está vinculado con la actividad delictiva, en este caso, mencionado como uno de los “sicarios de confianza”.
Otro punto que resaltó Valencia es que la delincuencia organizada ha encontrado un terreno fértil en la comunidad, permitiéndoles presionar a la población para lograr sus objetivos. Igualmente, aseguró que existen otros actores públicos relacionados con el crimen organizado, los cuales, en un futuro, serán nombrados específicamente para dar sustento a sus afirmaciones y evitar que queden en el ámbito del discurso mediático.
Esta situación nos recuerda la constante lucha de las comunidades en diversas regiones de México contra la influencia del crimen organizado y la necesidad de un sistema que promueva la transparencia y la seguridad. La aparición de vínculos entre funcionarios públicos y grupos delictivos es una problemática que requiere atención urgente para garantizar la integridad de las instituciones y defender los derechos de los ciudadanos.
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