El mayor cuerpo policial de México es ya un apéndice del Ejército. Lo anunció hace un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador y la madrugada de este viernes Morena ha consumado la entrega de la Guardia Nacional a la secretaría de Defensa Nacional (Sedena). El partido oficialista, con mayoría en ambas cámaras, ha sacado de nuevo el rodillo para desatascar por la vía rápida una reforma que culmina la progresiva militarización de la seguridad pública iniciada desde el comienzo del sexenio. El primer paso fue precisamente la creación en 2019 de la Guardia Nacional, un cuerpo de espíritu castrense pero sometido al mando civil de la secretaría de Seguridad Pública. Y que ahora pasa a manos del Ejército por órdenes expresas de López Obrador, el gran crítico de militarización de las labores policiales durante sus largos años en la oposición.
Tras una maratoniana sesión en el Senado, con toda la oposición y gran parte de la sociedad civil en contra, Morena aprobó la medida con 70 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Los cambios implantados por decreto afectan a cuatro leyes secundarias, esquivando así el mucho más farragoso camino de la reforma de la Constitución. Morena perdió en las elecciones del año pasado la mayoría necesaria que abre las puertas de los cambios en la Carta Magna y ya ha visto caer alguna de sus medidas estrella, como la reforma del mercado eléctrico, ante el bloqueo de la oposición.
La vía rápida y unilateral del decreto ha sido también criticada por la bancada opositora, que ya ha anunciado que interpondrá acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Las dudas sobre el procedimiento legislativo llegaron incluso al interior de las filas morenistas. Su coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, uno de los cuadros más influyentes del partido, había planteado durante los días previos los problemas jurídicos de sortear un cambio constitucional, abriendo la posibilidad a un debate a fondo en el parlamento. La postura de Monreal, que está a su vez inmerso en una agenda propia como posible candidato a la sucesión presidencial, no gustó a la cúpula del partido. Finalmente, el jefe del grupo morenista se abstuvo.
La estrategia legislativa del decreto,sin embargo, no es nueva. López Obrador ya ha echado mano de decretos presidenciales para, por ejemplo, quitar el control de las aduanas al fisco y entregarlo a las Fuerzas Armadas. Otro ejemplo más de la política de mano tendida a los militares. Desde su llegada al poder, Sedena ha acaparado desde negocios inmobiliarios, concesiones logísticas o la gestión de muchos de los grandes proyectos de infraestructura, una de las banderas del Gobierno.
La postura actual del presidente contrasta con su discurso como líder opositor durante los peores años de la llamada guerra contra el narco, iniciada en 2006 por el presidente panista Felipe Calderón. La orden fue sacar a los soldados de los cuarteles para patrullar las calles y hacer frente al crimen organizado. Y desde entonces, no han regresado. López Obrador fue uno de los mayores críticos de aquella estrategia, que se ha cobrado desde entonces más 200.000 muertos y 60.000 desaparecidos.
Incluso durante la campaña de 2018, el hoy mandatario mantuvo su crítica a la militarización con eslóganes como “abrazos y no balazos”. Sus nuevos mantras han cambiado hacia “El Ejército es bueno, porque el Ejército es pueblo”. O como reconoció esta misma semana: “He cambiado de opinión ante la violencia que heredé”. Para López Obrador, el Ejército es uno de los pocos cortafuegos de la corrupción. Durante esta semana ha puesto como ejemplo el caso de la extinta Policía Federal, el cuerpo al que vino a relevar la Guardia Nacional, y que, en su opinión, “se echó a perder” por la corrupción.
La creación de un nuevo cuerpo de espíritu militar nacido ex profeso para controlar la violencia en Columna Digital no ha sido la única pista del viraje en la estrategia de seguridad. En 2020, el segundo año del sexenio, López Obrador ya blindó en una ley la presencia del Ejército en las calles, una petición recurrente de la cúpula castrense. La polémica medida tenía como plazo 2024, el final de su mandato, pero puede que se alargue aún más. Esta misma semana Morena ha anunciado su adhesión a una propuesta del PRI que busca prologarla hasta 2028. Un proyecto que, además, está dinamitando internamente a la oposición y aclarando todavía más el camino al partido en el Gobierno.
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