Las autoridades rusas han intensificado las medidas de seguridad en Moscú tras un masivo ataque ucraniano con drones que tuvo lugar en la noche del 25 al 26 de junio de 2026. En esa ocasión, se derribaron la asombrosa cifra de 660 aeronaves no tripuladas, estableciendo un nuevo récord tras el ataque previo del 17 de mayo, donde se abatieron 556 drones. La Defensa rusa enfatiza que estos datos reflejan la magnitud del conflicto, ya que, en términos generales, se estima que los ataques diarios rondan entre los 220 y 223 drones. Solo en junio, el total de drones ucranianos derribados alcanza los 9,700.
Dentro de este contexto, Moscú fue golpeada por aproximadamente 50 drones que, afortunadamente, no lograron causar daño en sus objetivos. El alcalde de la región de Tula, Dmitri Miliáyev, reportó que las defensas en su área fueron capaces de interceptar 84 drones adicionales. En respuesta a esta escalada, las autoridades rusas montaron helicópteros equipados con sistemas de defensa antiaérea en varios puntos estratégicos de la capital, incluyendo una unidad Pantsir S-1 ubicada en un techo residencial, a unos 12 kilómetros del Kremlin. Esta maniobra se llevó a cabo alrededor de las cinco de la mañana, momento en que el tráfico estaba en su mínimo.
La intensidad de los ataques ucranianos ha ido en aumento a lo largo de 2026, y coincidiendo con esto, el Servicio de Seguridad de Ucrania anunció una “operación” de 40 días diseñada para mantener la presión sobre Moscú, instando a un cambio en el curso de la guerra que comenzó en 2022.
Mientras tanto, los efectos de los ataques han comenzado a hacer mella en la infraestructura energética rusa. Recientemente, se reportaron daños a depósitos de petróleo en la región de Krasnodar y en dos refinerías en Ufá, ubicadas a más de 1,100 kilómetros al este de Moscú. Esta situación ha provocado un desabastecimiento de combustible en diversas regiones del país, reflejado en imágenes de largas filas de vehículos esperando para repostar. Si bien las autoridades advierten que alrededor de 20 regiones están afectadas, informes independientes sugieren que la cifra podría ascender a cerca de 60.
En la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, las restricciones para el repostaje se implementaron desde finales de mayo, generando un estado de emergencia. El gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, junto con el gobernador de Sebastopol, declaró esta situación en un esfuerzo por abordar múltiples retos económicos, coordinación que se ha visto agravada por cortes en el suministro eléctrico debido a daños a la infraestructura.
Este panorama no solo afecta a la economía, sino que ha tenido un impacto devastador en el turismo en la región, que ha experimentado una caída cercana al 40%, lo que supone un golpe a una zona tradicionalmente popular entre los veraneantes rusos. La anexión de Crimea se había convertido en un símbolo del nacionalismo ruso bajo el liderazgo del presidente Vladímir Putin, y su deterioro pone en duda la narrativa que rodea este territorio.
A medida que las tensiones continúan y el conflicto se intensifica, el futuro de la región y de las políticas involucradas se presenta incierto, con un eco de preocupación que resuena tanto en el ámbito militar como en el civil. La situación es un recordatorio sombrío de las implicaciones de la guerra y del impacto en la vida cotidiana de quienes se ven atrapados en ella.
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