La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso significativo al ordenar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la restitución de un monto que un estudiante de Derecho pagó por un curso de inglés, requisito para la titulación. Esta decisión resalta un principio fundamental en el ámbito educativo: la gratuidad en la educación superior, un principio consagrado en la Constitución desde 2019.
La controversia surgió cuando un alumno impugnó el cobro de un “Curso de Comprensión de Lectura para liberar el requisito de titulación”, que estaba a cargo de la Coordinación de Idiomas y tenía un costo aproximado de 3 mil 200 pesos, con la opción de pago en dos parcialidades. Antes de inscribirse, el estudiante debía presentar un examen de colocación, lo que complicaba aún más el proceso.
Durante una reciente sesión, el tribunal determinó por mayoría de siete votos que condicionar la obtención del grado académico a un pago es discriminatorio y va en contra del principio de gratuidad. El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, argumentó que la gratuidad de la educación debe cubrir todos aquellos elementos esenciales para acreditar una licenciatura, incluyendo la competencia en un idioma extranjero o lengua indígena.
La ministra Lenia Batres subrayó que la UNAM cuenta con un presupuesto de 58 mil 85 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2025, de los cuales el 62% se destina a actividades de docencia. Según sus estimaciones, el gasto por estudiante en educación superior asciende a 86 mil 893 pesos anuales, lo que significa que la institución dispone de recursos suficientes para cubrir los costos sin trasladarlos a los estudiantes a través de cobros adicionales.
El fallo de la Corte no solo resuelve la situación particular del estudiante afectado, sino que sienta un precedente en cuanto a la obligatoriedad de la gratuidad educativa en México. En consecuencia, se ordenó a la Facultad de Derecho que reintegre el pago realizado por el alumno.
Este fallo se enmarca en un contexto donde la educación superior enfrenta constantes desafíos y donde es crucial proteger los derechos de los estudiantes, asegurando que la formación académica no esté sujeta a cargas económicas que puedan limitar el acceso equitativo a la educación. La decisión de la SCJN reafirma el compromiso del Estado de proporcionar un sistema educativo inclusivo y accesible para todos.
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