El crecimiento económico de México ha generado recientemente un aura de optimismo, especialmente tras el anuncio del INEGI que reportó un aumento del 1.5% en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el primero, tras una caída del 0.6%. Varias entidades, como analistas consultados por Citi, ajustaron sus pronósticos de crecimiento anual al alza, situándolos en un modesto 1.2% —la misma tasa que se experimentó en la primera mitad del año.
Este repunte, sin embargo, merece un examen más profundo. En gran parte, el crecimiento se atribuye a un rebote tras la caída del trimestre anterior y a estímulos temporales derivados del mundial de fútbol, que impulsaron inversiones en infraestructura y un ligero aumento del turismo. Se notaron incrementos en el consumo de bienes y servicios relacionados con el evento, desde comidas en restaurantes hasta la compra de botanas y bebidas. Sin embargo, es crucial entender que estos factores son eventos aislados e irrepetibles, similares a una burbuja temporal.
Además, las expectativas de crecimiento estancadas sugieren un panorama sombrío: no se contempla un impulso adicional para la economía. En términos sencillos, el sector público carece de recursos para realizar nuevas inversiones, mientras que el sector privado se muestra reacio a hacerlo. La limitación financiera del gobierno se debe a compromisos previos en programas sociales, deuda y el continuo soporte a PEMEX. Esta situación crítica ha generado un ambiente que favorece el ajuste fiscal y la contracción de la inversión pública.
Por si fuera poco, cada proyecto de inversión pública enfrenta rigurosas evaluaciones que consideran el costo de oportunidad social, que en México oscila entre el 10 y el 12%. Muchos proyectos corren el riesgo de no cumplir con este criterio, potencialmente destruyendo riqueza nacional, tal como se prevé con algunas iniciativas bajo la administración de la presidenta Sheinbaum.
Paralelamente, la inversión privada permanece estancada. Los datos revelan que la formación bruta de capital privado tuvo un índice de solo 103 durante los primeros cinco meses de 2026, un 1.5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Este descenso se originó tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que envió una preocupante señal sobre la seguridad jurídica en el país.
La erosión del Estado de derecho y de la certeza jurídica se ha intensificado por la eliminación de órganos autónomos, la captura de otros, y reformas que debilitan la independencia del Poder Judicial. Estos cambios han creado un clima de incertidumbre que frena la inversión privada, además de la falta de garantías en acceso a energía eléctrica y la extorsión ligada al crimen organizado.
En resumen, la economía mexicana enfrenta un momento crítico donde la inversión total está prácticamente estancada, lo que apaga uno de los motores de crecimiento más importantes. Junto a esto, la productividad factorial total también se ha visto afectada, dejando a la economía en una situación de parálisis. La falta de acción conjunta y decisiones políticas responsables son fundamentales para cambiar este rumbo y fomentar un entorno que propicie un crecimiento sostenido.
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