En mayo de 2025, Carlos Torres, exmilitante del PAN y esposo de la entonces Gobernadora Marina del Pilar Ávila, fue noticia tras la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos. Mientras que en ese momento no se ofrecieron detalles sobre las razones de esta drástica medida, las recientes revelaciones sugieren vínculos perturbadores con redes de narcotráfico.
Torres, tras dejar el PAN en 2019, se unió a Morena y contrajo matrimonio con Ávila, quien en ese entonces ocupaba la alcaldía de Mexicali. En octubre de 2024, fue designado coordinador de Proyectos Estratégicos en el gobierno estatal liderado por su esposa. Sin embargo, la aparente estabilidad de su vida personal y profesional se vio truncada por acusaciones de actividades ilícitas que se remontan a su tiempo en el cargo.
Las autoridades estadounidenses han presentado señalamientos graves contra Torres, implicándolo en una alianza con Juan José Ponce Félix, líder de “Los Rusos”, una facción del cártel de “Los Mayos”, que controla las operaciones del narcotráfico en Mexicali. La acusación se expande para incluir a su hermano, Luis Alfonso Torres, supuestamente involucrado en el manejo de fondos ilícitos destinados a campañas políticas, así como a Rafael Buenrostro, un excolaborador de Ávila que, según los informes, utilizaba su influencia en la Aduana de Ciudad Juárez para facilitar la producción de fentanilo.
La situación se intensificó con la reciente detención de Pedro Mendívil, exjefe de la Policía de Mexicali, quien fue arrestado por presunta asociación delictuosa. Las conexiones entre las figuras políticas y el crimen organizado generan un clima de incertidumbre sobre la gobernabilidad y la seguridad en la región.
El Gobierno estatal ha emitido un comunicado enfatizando que Marina del Pilar está “legalmente divorciada” de Torres y que su único interés radica en el bienestar de su hijo. Sin embargo, no se pronunció acerca del conocimiento que podría tener sobre las actividades ilegales de su exesposo.
En este contexto, el divorcio en junio de 2025 parece marcar un intento de distanciarse de las acusaciones que envuelven a Torres. La situación no solo afecta su vida personal, sino que también plantea dudas sobre la integridad del gobierno estatal y su relación con el crimen organizado.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la vigilancia sobre la administración de Ávila se intensifica, ya que el eslabón entre política y crimen merece un escrutinio riguroso para asegurar que la confianza pública no se vea comprometida. Esta serie de eventos pone en evidencia la complejidad del panorama político y la permeabilidad entre las estructuras de poder y las actividades delictivas en Baja California.
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