La omisión del gobierno mexicano en la búsqueda de personas desaparecidas ha llevado a miles de mujeres—madres, hermanas, esposas, novias y amigas— a asumir la tarea de buscar a sus seres queridos por su cuenta. Esta situación las coloca en un riesgo constante que diariamente suman nuevas consecuencias.
Entre 2010 y 2025, se reportaron al menos 33 asesinatos de buscadoras de desaparecidos, de los cuales 20 eran mujeres, según el investigador de El Colegio de México, Carlos López Buburrón. Alarmantemente, 21 de estos casos ocurrieron a partir de 2021, principalmente en Jalisco y Guanajuato, estados donde la lucha entre grupos del crimen organizado ha alcanzado niveles devastadores.
Una de las víctimas recientes fue Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, asesinada en Mazatlán, Sinaloa, el 27 de febrero de 2026, el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo, estaban en la misma entidad. Gómez Tagle buscaba a su hijo Édgar Daniel López Gómez, desaparecido desde mayo de 2025 y brindaba apoyo a otras familias en su situación.
Durante el mandato de Sheinbaum, la organización civil Artículo 19 ha documentado 14 agresiones contra madres buscadoras, incluyendo seis desapariciones y ocho asesinatos. Este escenario obliga a las mujeres buscadoras a aprender, a la fuerza, que en México buscar a una persona desaparecida implica dar visibilidad a lo que las autoridades intentan mantener oculto, exponiéndolas a un peligro constante. Ante esta realidad, muchas responden a la pregunta “¿Por qué sigues buscando?” con la contundente afirmación: “Porque nadie más lo va a hacer”.
La incertidumbre es abrumadora: más de 130,000 personas permanecen desaparecidas en México, y más del 90% de quienes buscan a estos desaparecidos son mujeres, como señala Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Este vacío estatal no sólo las pone en peligro, sino que constituye una grave falla en la obligación del gobierno de proteger a quienes buscan a sus seres queridos.
El estudio de Amnistía Internacional revela que en 2025, el 97% de las buscadoras reportaron haber enfrentado algún tipo de violencia. La experiencia de la búsqueda no solo es peligrosa, sino que también deteriora la salud de estas mujeres; un 70% ha sufrido problemas de salud física y más del 70% reporta afectaciones en su salud mental, incluyendo depresión, insomnio y ansiedad.
A pesar de los riesgos, solo un 26% de las buscadoras ha recibido apoyo del gobierno, ya sea en forma de acompañamiento jurídico o psicoemocional, lo que subraya la gravedad de la situación. Con el empobrecimiento económico que enfrentan, muchas se encuentran atrapadas en un ciclo de angustia y desesperación, asumiendo múltiples roles como proveedoras, cuidadoras y buscadoras.
Desde Amnistía Internacional se hace un llamado urgente: el gobierno mexicano debe reconocer el derecho de estas mujeres a buscar a sus desaparecidos y garantizar su protección. La continua falta de respuesta oficial no solo perpetúa la crisis de desapariciones, sino que también confirma la impunidad estructural que sufre el país. La situación es crítica; cada día, un promedio de 40 personas desaparecen en México, lo que pone de manifiesto la necesidad de acciones efectivas y decididas.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, actualizado hasta el 4 de marzo de 2026, cuenta con 131,844 casos. Las voces de estas mujeres no pueden permanecer en silencio; cada historia de búsqueda es un testimonio de una lucha por la justicia que no debe ser ignorada.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
