Esta semana, se han registrado una serie de eventos alarmantes en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que han dejado una huella de caos en al menos 30 municipios. Este fenómeno ha incluido la quema de vehículos y tractocamiones, bloqueos de vías de circulación, así como ataques a tiendas de conveniencia. En un incidente adicional, se han incendiado autobuses de pasajeros en Los Cabos, Baja California Sur, lo que suscita preocupaciones significativas sobre la creciente capacidad de control que los grupos criminales han logrado establecer en sus territorios.
A medida que diversos informes oficiales sugieren que estos eventos reflejan un enfrentamiento entre dos grupos delictivos en disputa por el control territorial, las versiones no oficiales sugieren que podrían ser el resultado de un intento de captura de un líder regional. Esta situación pone de manifiesto la evolución del aprendizaje criminal en los territorios que operan, evidenciado por los métodos utilizados para organizar manifestaciones de fuerza en puntos estratégicos, lo que permite inmovilizar a sus oponentes y a las fuerzas del orden.
Lo que se observó recientemente no se limita a simples “narcobloqueos” dirigidos a detener la incursión de rivales. Las acciones que impactaron a treinta localidades revelan un comportamiento coordinado y una impresionante capacidad de despliegue por parte de los grupos delictivos. Este despliegue no solo muestra su poder de organización y expansión, sino que pone de relieve su habilidad para someter territorios de interés en cuestión de horas. Han logrado descifrar cuándo y cómo sus operaciones se ven amenazadas, actuando en lugares tácticos para paralizar el movimiento y obstaculizar cualquier respuesta de las autoridades locales y regionales.
A lo largo de los años, la expansión y el control territorial han emergido como los pilares del entendimiento criminal. Reconocer el valor de los espacios y las rutas de trasiego es fundamental para mantener una ventaja frente a grupos rivales y frente a las autoridades. Esta lógica no se limita al control físico de las rutas; también incluye la gestión de bases de apoyo que les permiten resguardar sus movimientos en regiones de interés y provocar conflictos en áreas urbanas, donde los riesgos son significativamente altos.
El dominio sobre estos espacios ofrece también la capacidad de consolidar o desarticular redes de colusión, generando nuevas configuraciones de poder a nivel político, económico y social. Esta situación invita a una reflexión sobre los retos que enfrenten los gobiernos en los niveles federal, estatal y local. La interrogante se presenta con fuerza: ¿Qué estrategias implementarán las instituciones de seguridad para contrarrestar las crecientes capacidades logísticas de estos grupos delictivos? ¿Qué medidas de contención se diseñarán que vayan más allá de la captura de líderes criminales o del decomiso de armamento?
Entender la dinámica de estos espacios es vital para establecer objetivos claros y anticipar la intensidad de posibles conflictos. Así, tal vez la clave radique en reevaluar el panorama desde una nueva lógica y perspectiva, adaptándose a la compleja realidad del entorno delictivo que enfrentamos.
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