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En algún momento los poderes salvajes de México asumieron que no por ilegales tenían que seguir siendo clandestinos. La amenaza difundida este lunes en contra de los diarios nacionales El Universal y Milenio, y particularmente de la conductora de Milenio TV, Azucena Uresti, es la última de una serie de acciones y posicionamientos que muestran la intención de los cárteles de convertirse en un actor institucionalizado de la vida pública.
Lo habían mostrado en las elecciones de este verano, cuando amenazaron, secuestraron y eliminaron candidatos a alcaldías y diputaciones que consideraban inconvenientes o competían con aquellos que el crimen organizado asumía como favorables a sus intereses. No es un secreto que en muchos municipios del país estas bandas operan con la aquiescencia de los regidores, incluso de los gobernadores.
Pero de alguna manera interpretábamos que hay una diferencia sustancial entre una autoridad que se hace de la vista gorda o que incluso se convierte en cómplice de los criminales bajo la amenaza del plata o plomo, y otra que llega al poder mediante vías institucionales con el propósito de ser personero de un poder que se suponía clandestino.
