Donald Trump ha llegado a los 100 días de su segundo mandato, y, como de costumbre, las tensiones globales se han intensificado con su estilo característico. Uno de los principales focos de controversia ha emergido en el manejo del agua, particularmente en relación con México. Lo que parecía ser un tema técnico ha tomado un giro político significativo, y su resolución no parece estar a la vista.
El 28 de abril, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para abordar el incumplimiento de México respecto a la entrega de agua del río Bravo, en conformidad con el tratado bilateral de aguas de 1944. De acuerdo con este acuerdo, México está obligado a enviar anualmente a Estados Unidos más de 430 millones de metros cúbicos de agua, cifra que equivale a llenar más de 170,000 albercas olímpicas.
A través de un escueto comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que se tomarían “una serie de medidas” para abordar el déficit de agua. En contraste, el Departamento de Estado de EE.UU. fue más específico: se realizarán transferencias inmediatas desde las presas compartidas, se incrementará la participación estadounidense en seis afluentes mexicanos y se establecerá un plan para entregas regulares durante el ciclo de los próximos cinco años.
Esta diferencia en la comunicación refleja distintas prioridades: para Washington, se trata de cumplir con las demandas de los agricultores texanos, un grupo decisivo para el apoyo de Trump. Para México, es una maniobra para amortiguar tensiones en una relación comercial ya complicada.
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra en una encrucijada, heredada de administraciones anteriores que promovieron la idea de que “la mejor política exterior es la interior”. Sin embargo, las deficiencias en la política interna en cuestiones como agua, seguridad y energía ahora se convierten en puntos vulnerables frente a presiones externas.
La escasez de agua no es un fenómeno reciente, pero sí se ha agudizado en los últimos tiempos. Según el monitor de sequía de la CONAGUA, hasta el 15 de abril de este año, 452 municipios en México padecen sequía, mientras que otros 515 presentan condiciones anormales, afectando especialmente a los estados del norte industrial, donde los inversionistas buscan instalar fábricas sin un abastecimiento adecuado.
Lo urgente no debe eclipsar lo estructural, ya que México enfrenta un grave desafío: no dispone del agua suficiente para cumplir con el tratado sin perjudicar a sus propios agricultores, quienes son los principales usuarios y tienen una fuerte capacidad de movilización política. Cualquier concesión a EE.UU. en este terreno traerá consigo costos internos, mientras que cada incumplimiento será utilizado por Trump como justificación para intensificar su discurso o amenazar con sanciones.
Desde esta perspectiva, el acuerdo alcanzado no ofrece una solución definitiva, sino que simplemente pospone el problema. Con el cambio climático, la infraestructura en deterioro y una demanda creciente, el agua se convierte en un recurso tanto político como geopolítico de gran valor. Tanto Sheinbaum como Trump están al tanto de que el próximo ciclo quinquenal será aún más complejo.
Ambos países se reunirán nuevamente en julio para revisar las condiciones hídricas y evaluar los compromisos fijados. La mera existencia de este seguimiento indica que el tema del agua seguirá siendo un punto crítico en la agenda bilateral. Sin una certeza en la entrega de agua, las posibilidades de un acuerdo se ven comprometidas; y sin ajustes significativos al tratado, cumplirlo resulta inviable.
Se presenta ahora la necesidad de reconsiderar el marco técnico de este tratado que data de 80 años, posiblemente negociando nuevas “minutas” que reflejen la realidad hídrica actual. Este ajuste resulta esencial para la supervivencia de ambos países, dado que, a diferencia de los aranceles o planteamientos retóricos, el agua es un recurso que no admite sustitutos.
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