Cinco años después de la elección en Sinaloa y casi dos años tras el incidente que involucró a El Mayo Zambada, persisten las preguntas sobre la inacción de las autoridades en la investigación de figuras como Rocha Moya, Insunza y otros implicados. La falta de avances por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) se hace evidente, especialmente al considerar que Estados Unidos solicitó la detención de estos individuos con fines de extradición. Sin embargo, aún no se encuentran indicios que expliquen la razón detrás de esta solicitud.
Un episodio notable en esta saga es el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén, en el que la FGR no tomó medidas significativas, a pesar de las dudas en torno a la narrativa oficial sobre el caso. Al mismo tiempo, las constantes interrupciones a preguntas de la prensa por parte de Claudia Sheinbaum sugieren una estrategia de evasión que provoca desconfianza. Desde el inicio de la crisis, se habían revelado secuestros de operadores del PRI, pero el foco se ha desviado hacia la necesidad de cerrar el tema en lugar de asegurar justicia.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó recientemente que no existen investigaciones contra las autoridades de Sinaloa. Esta declaración no sorprende, dado el patrón de absolución que parece aplicarse a aquellos cercanos al actual gobierno. Ejemplos previos incluyen el caso de Carlos Manzo, cuyo asesinato fue rápidamente despolitizado, y la liberación de una presidenta en un caso donde había procesos pendientes.
El caso de la diputada local del PRI, Paola Gárate, añade otro nivel de urgencia. Gárate denunció haber sido secuestrada y objeto de graves intimidaciones por grupos armados durante las elecciones de 2021, con afirmaciones de que el resultado electoral ya estaba “pactado”, lo que apunta a una manipulación política profunda. Esta denuncia pone de relieve las realidades del entorno electoral y la influencia de la criminalidad en las decisiones políticas.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, vigente desde 1980, establece que después de una solicitud de extradición, ambos países deben cooperar para entregar a los acusados de delitos graves. Las autoridades competentes tienen 60 días para presentar pruebas, y si no se cumplen estos lineamientos, los señalados podrían quedar en libertad. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado pruebas a Estados Unidos bajo esta normativa, pero la ambigüedad en las respuestas que están recibiendo genera dudas sobre la seriedad de estas acciones.
Las declaraciones recientes de altos funcionarios, como el secretario de Guerra y representantes del FBI y DEA, indican que más nombres podrían aparecer en este contexto, y advierten que si la extradición no se realiza, habrá consecuencias. Estos eventos no solo incitan a la investigación de la corrupción en el sistema, sino que también resaltan el delicado equilibrio entre la política y el crimen organizado en el país.
Con el marco político y social tan tenso, la búsqueda de justicia y la transparencia se convierten en imperativos críticos. La balanza de la justicia parece inclinarse hacia el silencio y la protección de intereses, dejando al público con más preguntas que respuestas en un contexto de creciente escepticismo.
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