La opacidad que caracteriza al Kremlin frente a situaciones de emergencias vuelve a ser objeto de críticas tras la reciente muerte de una trabajadora de un laboratorio de investigación en Irkutsk, Siberia. Este caso ha despertado inquietudes sobre una posible exposición a peste neumónica, aunque las autoridades rusas han sido categóricas al descartar la presencia de esta enfermedad en la región.
El Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor) notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la mujer padeció una neumonía de origen “desconocido”. Sin embargo, el análisis oficial no encontró vínculo entre su enfermedad y los patógenos que se investigaban en el Instituto de Investigación Antipeste para Siberia y el Lejano Oriente. A pesar de esta afirmación, la OMS ha demandado a Rusia más información sobre la grave neumonía, junto con detalles sobre las medidas sanitarias adoptadas y la situación de otra empleada con un cuadro respiratorio no diagnosticado.
La falta de transparencia en la comunicación de datos ha revivido las críticas sobre un estado que, durante décadas, ha mantenido la información restringida en casos de epidemias y catástrofes. Este patrón se remonta a incidentes históricos como la muerte del artista gráfico soviético Alexei Kokorekin a finales de 1959, quien contrajo viruela a pesar de que se consideraba erradicada en la Unión Soviética. En aquel entonces, se implementaron campañas de vacunación masiva sin que los medios estatales informaran al respecto, lo que refleja un patrón de encubrimiento.
Siguiendo la misma línea, un brote de viruela en 1971, surgido por un accidente relacionado con unas pruebas de armas biológicas, dejó 10 contagios y tres muertes antes de ser controlado, aunque solo se supo del origen tras la publicación de documentos soviéticos en 2002. Además, el brote de ántrax en Sverdlovsk de abril de 1979, que causó al menos 68 muertes, fue justificado por las autoridades como un problema relacionado con el consumo de carne contaminada, ocultando la verdad hasta después de la disolución de la Unión Soviética.
El desastre de Chernóbil en 1986 es otro ejemplo de la falta de coordinación y la opacidad en la información. La nube radiactiva que se extendió por Europa fue un asunto que las autoridades soviéticas tardaron en admitir, mientras miles de personas, sin conocer el riesgo, participaron en un desfile bajo la lluvia radiactiva. Esta falta de rápida y precisa comunicación aumentó el número de víctimas, ya que muchos sufrieron enfermedades vinculadas a la exposición a la radiación.
En el contexto actual, durante la pandemia de COVID-19, se han reportado preocupaciones sobre cómo las cifras de mortalidad podrían estar subestimadas en Rusia. Medios independientes y organizaciones internacionales han indicado que el número real de muertes podría ser considerablemente mayor que lo reportado oficialmente. Las autoridades, por su parte, han descalificado estas afirmaciones como desinformación proveniente de países occidentales, a pesar de que varios trabajadores de la salud denunciaron las precarias condiciones en las que operaban.
Desde 2020, Rusia tipificó como delito la difusión de “información falsa” sobre amenazas a la seguridad pública, mientras que en enero de 2022 el país reportó más de 13,5 millones de contagios y 338.091 muertes atribuidas al virus. Sin embargo, la agencia estatal de estadísticas, Rosstat, indicó que el número de fallecimientos vinculados al COVID-19 podría superar los 681.100 entre abril de 2020 y diciembre de 2021. Esta discrepancia ha llevado a la académica Judy Twigg a concluir que el sistema ruso, aunque puede silenciar, carece de la competencia necesaria para manejar la información de manera efectiva, lo que resulta en contradicciones en lugar de una narrativa uniforme.
La situación actual, además de reflejar una falta de transparencia, reinstala en la memoria colectiva la historia de encubrimientos y la lucha por un acceso claro a la información en momentos críticos.
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