Nicaragua ha tomado un giro significativo en su marco legal al aprobar una reforma constitucional que elimina la posibilidad de la doble nacionalidad. Esta medida, solicitada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, implica que los nicaragüenses que adquieran otra ciudadanía perderán automáticamente la nacionalidad nicaragüense. La Asamblea Nacional comunicó la decisión tras una “sesión especial” celebrada en Niquinohomo, donde se aprobó unánimemente una “reforma parcial” a los artículos 23 y 25 de la Constitución.
El gobierno sandinista, encabezado por Ortega y Murillo, ha estado en el centro de controversias y acusaciones de erosión de derechos civiles. Este cambio legal se suma a una serie de acciones que han despojado de su nacionalidad a numerosos críticos y opositores, quienes han sido expulsados del país en los últimos años. La Asamblea indicó que la nueva ley establece que “quien adquiera otra nacionalidad y jure lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua”, subrayando así un fuerte sentido de exclusividad respecto a la lealtad hacia la patria.
Además, la reforma introduce un nuevo criterio para los extranjeros que deseen nacionalizarse en Nicaragua, indicando que deberán renunciar a su nacionalidad de origen, salvo los ciudadanos centroamericanos, lo que evidencia una política diferenciada respecto a la región.
Desde su retorno al poder en 2007, Ortega, exguerrillero que gobernó previamente en la década de 1980, ha intensificado el control sobre la sociedad nicaragüense, especialmente después de las protestas de 2018, que resultaron en la muerte de más de 300 personas, según la ONU. Estas protestas fueron catalogadas por el gobierno como intentos de golpe de Estado, atribuyendo la responsabilidad a intereses externos, en particular a Estados Unidos.
La situación en Nicaragua sigue siendo compleja y polarizada, y este nuevo cambio constitucional refleja la radicalización del régimen actual, que enfrenta críticas tanto dentro como fuera del país. Mientras la comunidad internacional observa con inquietud, los nicaragüenses continúan enfrentándose a un panorama en el que la oposición y la disidencia son cada vez más restringidas.
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