Nicola Sturgeon y Boris Johnson han decidido que disponen de dos años para seguir dando patadas al balón hacia adelante. Ese es el plazo, porque la ministra principal de Escocia ha confirmado este mismo lunes su voluntad de celebrar un nuevo referéndum de independencia para finales de 2023.
Los dos creen tener la ley de su lado -la política nacionalista, para impulsar la consulta; el político conservador, para rechazarla-, y ambos han apostado su futuro político a la misma carta. Una al anverso, el otro al reverso. Sturgeon obtuvo su victoria electoral del pasado mayo -a un escaño de la mayoría absoluta en el Parlamento autónomo- con la promesa de que los escoceses podrían decidir sobre un futuro que el Brexit les arrebató contra su voluntad. Johnson está dispuesto a poner pie en pared antes de pasar a la historia como el primer ministro bajo cuyo mandato se rompió el Reino Unido.
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Paradójicamente, la pandemia ha dado tregua y excusa a los dos rivales políticos. Tregua, porque la urgencia sanitaria permite a Sturgeon dilatar en el tiempo un asunto más complicado de llevar a la práctica que de prometer. Excusa, porque la lucha contra el virus permite a Johnson restar urgencia a un desafío al que tarde o temprano deberá dar respuesta: ya se celebró un referéndum en 2014, y el precedente impide rechazar con una simple negativa la nueva petición.
“Mi modo de hacer política y de gobernar será siempre, en la medida de lo posible, de cooperación, no de confrontación”, ha dicho la ministra principal en su discurso de clausura del congreso anual del Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés). “Es bajo ese espíritu de cooperación como confío en que los gobiernos escocés y británicos, como ya hicieron en 2014, permitirán que el deseo democrático del pueblo sea escuchado y respetado”, ha dicho Sturgeon.
Porque más allá de la lógica democrática que invoca la política nacionalista continuamente -”Nadie ha cuestionado hasta ahora de un modo serio el derecho del pueblo escocés a decidir si quiere o no ser independiente”-, la realidad jurídica impone que haya un acuerdo entre Edimburgo y Londres, y que el Parlamento británico (Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores) lo ratifique. Así ocurrió en 2014, cuando el Gobierno conservador de David Cameron permitió la aprobación de la llamada Sección 30 de la Ley De Escocia de 1998. Básicamente, una legislación secundaria que transmite, temporal o definitivamente, competencias al Parlamento autónomo. En aquel caso, se transfirió la capacidad de convocar una consulta, y solo para una ocasión. Los escoceses rechazaron la independencia con un 55% frente a un 45%.
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“El pueblo escocés ya ha dejado claro que lo que quiere en estos momentos es que el Gobierno del Reino Unido y todos los gobiernos autónomos trabajen conjuntamente en derrotar la pandemia, y esa es nuestra prioridad”, ha respondido un portavoz de Downing Street antes siquiera de que Sturgeon concluyera su discurso ante los miembros del SNP.
Los nacionalistas escoceses acordaron este verano, por primera vez en la historia, dar cabida en el seno del Gobierno autónomo a otra formación. Dos miembros del Partido Verde ocupan sendas carteras ministeriales. Ambas formaciones cerraron un pacto de gobierno en torno al eje central de la celebración, antes de que concluya la legislatura, de un nuevo referéndum de independencia. Los verdes defienden la consulta casi con más convicción que el propio SPN, y en anteriores legislaturas ya habían respaldado desde fuera a ejecutivos nacionalistas con minoría parlamentaria.
