El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que el agente del Ministerio Público le negó a su defensa tener acceso al expediente que la justicia de Estados Unidos le entregó a México y que podría involucrarlo en actos ilícitos, razón por la cual se declaró imposibilitado de responder a las presuntas acusaciones en su contra.
“Hemos solicitado acceso a la carpeta de investigación para el efecto de conocer el contenido de la información que se señala se recibió de autoridades norteamericanas (…) sin embargo, a pesar de reiteradas solicitudes hechas a la agente del Ministerio Público de la Federación, no se ha permitido a mi defensa el acceso al expediente”, señaló el mandatario mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.
Esto ocurre un día después de que la Fiscalía General de la República informó, mediante un comunicado, que recibió información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América respecto a “posibles responsabilidades penales” por irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas realizadas por el mandatario panista.
Por ello, el propio gobernador informó ayer que solicitaría a su defensa acudir a revisar la información proporcionada por Estados Unidos, tras reclamar su derecho a acceder a las pruebas, solicitud que fue rechazada.
“En virtud de que mi defensa no ha tenido acceso al expediente, me encuentro imposibilitado para responder acusaciones cuyo contenido no conozco”, dijo.
Sin embargo, reiteró que las acusaciones formuladas en su contra son “infundadas” y negó haber realizado operación o transferencia ilícita alguna en México o en los Estados Unidos de América, “país en el que no tengo cuentas bancarias y en el que no he sido informado de alguna investigación en mi contra”.
La Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero a García Cabeza de Vaca con el fin de que pueda ser juzgado por las autoridades judiciales por los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El gobernador de Tamaulipas está relacionado con la recepción de sobornos y triangulación de dinero público a través de empresas e inversiones en la industria energética.
Los diputados tamaulipecos declararon improcedente el desafuero y mantuvieron al gobernador en su puesto; sin embargo, la definición sobre el fuero será revisado por la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN).
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