Un juez federal negó el sobreseimiento del expediente contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien permanecerá en prisión preventiva en Florida mientras continúan las investigaciones y se resuelve su extradición a México. El abogado defensor solicitó el sobreseimiento argumentando la falta de pruebas y violaciones al debido proceso, pero el juez consideró que había elementos suficientes para que el caso continúe.
Duarte está acusado de diversos delitos, como peculado, corrupción y enriquecimiento ilícito, en relación con su gestión como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016. También enfrenta acusaciones de desvío de recursos públicos para beneficio personal y político, así como por el presunto uso de empresas fantasma para ocultar transacciones ilegales.
La negativa al sobreseimiento es una buena noticia para aquellos que buscan justicia y el castigo para los actos de corrupción que han afectado gravemente al estado de Chihuahua. Sin embargo, también es un recordatorio de lo mucho que queda por hacer en cuanto a la lucha contra la corrupción en México. A pesar de la existencia de leyes y regulaciones para prevenir y sancionar la corrupción, su aplicación y cumplimiento siguen siendo insuficientes.
La presencia de Duarte en prisión en Estados Unidos también destaca las limitaciones del sistema de justicia mexicano, que históricamente ha sido criticado por su debilidad e ineficacia en el combate a la corrupción y el crimen organizado. La extradición de Duarte a México no está garantizada y podría incluso estar sujeta a una negociación política entre ambos países. Esto plantea preguntas sobre la verdadera voluntad de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables de actos de corrupción, especialmente cuando se trata de figuras políticas influyentes.
Finalmente, la negativa al sobreseimiento también resalta la importancia de mantener viva la memoria y persistir en la lucha contra la impunidad, incluso en casos complejos y de larga data. La corrupción y el abuso de poder son problemas sistémicos que requieren de una acción decidida de toda la sociedad para ser erradicados. La decisión del juez es una pequeña victoria en este camino, pero queda mucho por hacer para lograr una sociedad más justa y transparente en México.
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