La desaparición de una niña de 11 años en Francia ha dejado al descubierto serias deficiencias en el sistema judicial del país. Lyhanna desapareció el 29 de mayo de 2026 en la región de Gers, en el suroeste, y su cuerpo fue encontrado días después en un silo de grano abandonado. La búsqueda movilizó a fuerzas de seguridad y voluntarios, pero la atención se ha centrado en las fallas sistemáticas que permitieron que surgiera este caso trágico.
Lyhanna fue vista por última vez cerca de su escuela local. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que subió al auto de un hombre, Jérome B., de 41 años, padre de una amiga de la niña. Según su declaración, la dejó cerca de una piscina municipal. Sin embargo, la investigación, que reconstruyó la ruta tomada, llevó al descubrimiento de su cuerpo seis días después. Las autoridades confirmaron su identidad mediante pruebas de ADN, y la autopsia está en proceso para determinar la causa exacta de su muerte.
El caso ha puesto de manifiesto un patrón alarmante: Jérome B. ya contaba con antecedentes de denuncias por abuso sexual y violación de menores desde 2017 hasta 2025, incluyendo quejas que llevaron a su despido de una escuela secundaria. Dos de esas denuncias habían sido archivadas por falta de pruebas y otra permanecía estancada debido a demoras en la investigación. El expediente más reciente, abierto por la madre de otra niña que contaba con pruebas médicas de abusos, no llevó a interrogatorios efectivos durante nueve meses, dejando a B. sin restricciones en su contacto con menores.
El presidente Emmanuel Macron ha abordado el asunto, reconociendo fallas significativas en la respuesta judicial y subrayando que el sistema no funcionó como debía. “Es evidente que hay disfunciones que no podemos ignorar”, declaró. Asimismo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, se mostró contundente al calificar la inacción judicial como “inaceptable” y ha ordenado una investigación interna para esclarecer el funcionamiento del sistema. En este sentido, el alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, cuestionó si las autoridades realmente están atendiendo las alertas y denuncias que provienen de los menores.
La indignación social ha crecido, y el caso de Lyhanna ha desencadenado un intenso debate político. Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, ha manifestado que la tragedia podría haberse evitado si se hubieran tomado en serio las alarmas. Desde el lado izquierdo del espectro político, Marine Tondelier ha subrayado la incapacidad del sistema para lidiar con las violencias sexuales y sexistas.
Datos recientes revelan que casi tres de cada cuatro denuncias de abuso sexual contra menores en Francia son archivadas sin llegar a juicio, lo que ha alimentado la percepción de impunidad y ha puesto de relieve la decadencia estructural en la protección de los menores. Ante este panorama, el gobierno francés ha convocado a fiscales y ha dispuesto una revisión de los procedimientos de investigación y atención a víctimas, con un plazo de 15 días para presentar un informe detallado sobre las fallas detectadas.
La tragedia de Lyhanna resuena no solo como un caso aislado, sino como una crítica a un sistema que ha fallado en su deber de proteger a los más vulnerables. La necesidad de reformas y un enfoque más riguroso y humano hacia las denuncias de abuso es más urgente que nunca.
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