Un gran proyecto patrocinado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el presupuesto seria un aproximado a gastar de más de 500 millones en levantar 18 edificios, con la expectativa de que la Administración le pague más de 40 millones al año durante los próximos 36 años (hasta un techo de 2.100) y de poder explotar durante ese tiempo los bajos comerciales, aparcamientos y oficinas para obtener un beneficio de más de 230 millones. Demasiadas variables incontrolables en un contexto de crisis económica y energética, con los precios de los materiales de construcción y la inflación disparados, y a tan largo plazo. En consecuencia, la Comunidad intentará negociar ahora con un mínimo de tres empresas elegidas por ella misma, según un portavoz gubernamental, y siempre sin alterar el presupuesto base ya conocido para la licitación.
“El Gobierno regional mantiene su voluntad de reagrupar todos los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial de Madrid en un único enclave con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la Administración de Justicia, lo que redundará en un beneficio para las arcas regionales”, se detalla desde el Ejecutivo sobre este complejo que se quiere levantar en Valdebebas, justo al lado del hospital de emergencias Isabel Zendal.
La estrategia del gobierno de Díaz Ayuso, que había vendido el proyecto como la mayor obra civil de Europa y aspiraba a llegar a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 con la carta de presentación de su puesta en marcha. El frenazo, además, llena de argumentos a la oposición, que reclama que la Administración asuma con sus propios fondos la construcción, en lugar de optar por una concesión a una empresa privada que hipoteque los presupuestos regionales durante 40 años. Finalmente, este bache aumenta la larga lista de problemas que ha rodeado a un proyecto pendiente desde hace décadas.
Todo empezó con el gobierno de Esperanza Aguirre
Cuando la Cámara de Cuentas investigó las cuentas de la empresa pública Campus de la Justicia entre 2005 y 2015 concluyó que las cifras no cuadraban. Solo en gastos sin soporte contractual había 4,8 millones de euros, a lo que se añadían dispendios impropios de una compañía dependiente de la Administración pública. El proyecto fue presentado 72 veces, y llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón. Se sufragaron informes inservibles por más de 80.000 euros, y se impulsó un programa publicitario de unos 200.000 euros invertidos en paraguas, gorras, camisetas, y un libro promocional. La gran mayoría de empleados del complejo judicial eran directivos con nóminas por encima de los 100.000 euros anuales. Y al final se gastaron al menos 110 millones para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la región nunca se completara: únicamente se construyó uno de los catorce edificios previstos.
De aquel proyecto megalómano solo quedan hoy dos cosas: el donut del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal, y una investigación judicial aún abierta en la que están bajo la lupa cargos de la época de Esperanza Aguirre, como el exconsejero y exvicepresidente Alfredo Prada, para quien anticorrupción pidió ocho años de cárcel en enero de 2021.
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