Los días de vino y rosas que compartieron el comisionista Luis Medina y el Ayuntamiento de Madrid han llegado a su fin. Con el avance de la investigación judicial, ha comenzado la batalla entre ambos, inmersos en el escándalo por los casi seis millones de euros que el hermano del duque de Feria y su socio, Alberto Luceño, cobraron por la venta de material sanitario defectuoso al Consistorio en lo peor de la pandemia. “No puede aceptarse que el Ayuntamiento sea acusación en un asunto donde ha estado de acuerdo con los contratos investigados”, reprochó Medina en un escrito enviado al magistrado Adolfo Carretero, donde le pidió que expulsara a la Administración de las pesquisas. Unas palabras a las que ha respondido el gobierno de José Luis Martínez-Almeida: “Ocultaron que un elevado porcentaje del precio correspondía a comisiones que iban a percibir”.
Este cruce de recriminaciones abre un nuevo capítulo. Quedan muy lejos la carta de agradecimiento a los empresarios que firmó el propio alcalde por su “generosa donación” de mascarillas y las deferencias para que pudieran desviar parte del producto al hospital donde trabajaba la mujer de uno de ellos.
“Incremento exorbitante”. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han enviado este viernes un escrito al juez para responder al intento de Medina de expulsarles de la causa. El comisionista recriminó al Consistorio que no podía presentarse ahora como “perjudicado” de una operación que nunca había denunciado —fue la Fiscalía Anticorrupción la que se querelló contra los empresarios—. Pero la Administración se revuelve contra dicha argumentación y arremete contra el investigado, imputado por estafa, blanqueo, falsedad y alzamiento de bienes.
“La cuestión nuclear de la estafa no se circunscribe a que los bienes no se hubieran entregado o a que la calidad de los bienes fuera inferior a la pactada”, explica el Consistorio, “sino a que los querellados fijaron los precios ocultando al Ayuntamiento que un elevado porcentaje de tales precios correspondía a las comisiones que [ellos] mismos iban a percibir”. Según el escrito, esta maniobra “supuso un incremento exorbitante del precio de los productos contratados”, que implicó un “perjuicio económico” para las arcas de la Administración municipal.
La Fiscalía denunció que Medina y Luceño se embolsaron casi seis millones de euros gracias a que “inflaron artificialmente” el importe de los productos con comisiones disparatadas: llegaron a representar el 60% del precio de las mascarillas; el 71% de los test, y el 81% de los guantes. Ahora, el ministerio público respalda que el Consistorio siga personado en la causa como víctima y deja también un reproche al hermano del duque de Feria: “[En su escrito] excluye afirmaciones de una testigo que apuntan claramente a la posibilidad de que el Ayuntamiento haya sido víctima de un delito, la más clara de las cuales es la contenida en un mensaje enviado a uno de los investigados el 8 de abril de 2020, fecha de recepción de los guantes de nitrilo, y en el que se afirma: ‘Nos han estafado seguro”.
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“Las mascarillas eran de buenísima calidad”. La contundencia del Ayuntamiento no resulta inesperada. Se produce después de que Medina intentara expulsarlo de la causa con un duro escrito anterior, fechado la pasada semana. En su defensa, el comisionista dijo que el Consistorio no se ha visto perjudicado “de ninguna de las maneras” con esta compra de material sanitario: “Llegaron todas las mascarillas, que eran de buenísima calidad; por los guantes, se les devolvió la diferencia; y en cuanto a los test, no consta que, una vez recibido el reactivo, no hayan funcionado”. Además, apostilló que la Administración nunca presentó una “reclamación por estos contratos, prueba fehaciente de que estaba de acuerdo con los mismos y con el resultado”. “Ahora no puede venir a quejarse”, expuso.
Con el alcalde cercado por la presión de la oposición, el hermano del duque de Feria puso el dedo en la llaga y advirtió de que las pesquisas “podrían” acabar señalando al propio Ayuntamiento. “Es una de las partes firmantes de los negocios investigados (aceptándolos plenamente y rubricándolos). Y, en el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha institución”, expuso Medina. Una tesis a la que también responde el gobierno de Almeida este viernes: “El Consistorio, como persona jurídico-pública de base territorial […], no puede tener en ningún caso la condición de investigado, en tanto que no se le aplican las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
El PSOE defiende que el Consistorio siga en la causa
El PSOE ha presentado este viernes un escrito donde defiende que el Ayuntamiento permanezca personado en la causa como perjudicado, a la vez que se diferencia “bien” entre la institución como tal y las personas que hayan podido intervenir en los hechos investigados. En esa línea, los socialistas solicitarán que sea imputada la responsable de Compras del Consistorio que interactuó con los comisionistas, Elena Collado, que declarará como testigo el 9 de mayo. El partido quiere que se modifique su condición “para que pueda tener una adecuada defensa y [su interrogatorio] se realice con todas las garantías”. Collado fue la alto cargo que, tras detectar irregularidades, escribió a Luceño un wasap que decía: “Nos han estafado seguro”.
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