La reciente propuesta de Octavio Romero, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha generado un intenso debate en el sector empresarial mexicano. El plan, que busca regularizar hogares invadidos mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, ha sido objeto de críticas por su posible implicación de institucionalizar la ocupación irregular, lo que representa un riesgo para la seguridad financiera del organismo público y de los trabajadores que contribuyen a él.
Diversas cámaras empresariales han expresado su oposición frontal a esta iniciativa, subrayando que podría amenazar el resguardo de la propiedad privada y, en consecuencia, el patrimonio de quienes han aportado a este fondo. Un comunicado emitido por varias asociaciones, incluyendo la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y la Confederación Patronal de la República Mexicana, destaca que la misión del Infonavit es proteger los intereses de los trabajadores, y no facilitar la ocupación de inmuebles ajenos.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, alrededor del 86% de las 168,000 viviendas censadas hasta ahora están habitadas por personas sin vínculos legales con el Infonavit ni con los propietarios legítimos. Este escenario plantea un desafío considerable, ya que la propuesta de adquirir estas viviendas a precios inferiores a su valor real podría establecer un precedente perjudicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la propiedad privada está resguardada y que la propuesta no busca despojar de sus viviendas a quienes legítimamente las poseen. Sin embargo, las organizaciones firmantes del comunicado resaltan que las políticas deben ser claras y alineadas con el interés público, evitando así interpretaciones que puedan comprometer la seguridad jurídica.
En cuanto a la viabilidad de la estrategia propuesta, se indica que el índice de morosidad del Infonavit ha pasado de 7.8% en 2018 a un alarmante 18% en 2024, sugiriendo que la situación va en deterioro. Las cámaras empresariales advierten que, en lugar de regularizar créditos vencidos para proteger a los acreditados, la nueva estrategia podría agravar la problemática y comprometer el futuro financiero del Instituto.
Además, la postura del sector empresarial se opone a cualquier iniciativa que pueda inducir a la legalización de ocupaciones ilegales. Hacen un llamado a la Asamblea del Infonavit para detener cualquier intento de permitir ocupaciones sin el respaldo legal correspondiente, dado que el Instituto no cuenta con atribuciones para otorgar créditos o escrituras a personas no derechohabientes.
Este panorama, que se mantiene vigente a la fecha de publicación original (20 de junio de 2025), presenta importantes retos y reflexiones sobre la adecuada gestión del patrimonio nacional en el ámbito de la vivienda. La tensión entre la necesidad de ofrecer soluciones habitacionales y la protección de la propiedad privada resuena en el debate actual, augurando nuevas discusiones en el futuro cercano.
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