El domingo, México hizo historia al convertirse en el primer país en el mundo en permitir a los votantes elegir a todos los jueces, marcando un hito en su sistema judicial. En esta primera fase, los ciudadanos participaron en la elección de alrededor de la mitad del poder judicial del país, desde los nueve miembros del Tribunal Supremo hasta 850 jueces federales y miles más en niveles inferiores. Este proceso electoral se repetirá en 2027, momento en el cual se completará la elección del resto de los jueces.
La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por su sucesora Claudia Sheinbaum, ha generado una gran expectativa. Según Sheinbaum, este cambio convierte a México en “el país más democrático del mundo”, al permitir que el pueblo elija a los miembros de los tres poderes del Estado. El sistema de carrera judicial, basado en el mérito, queda así abolido, siendo reemplazado por mandatos de nueve años, que podrán extenderse a través de la votación popular.
Sin embargo, críticos del proceso expresan preocupaciones serias. Algunos lo consideran una “farsa cínica”, mientras que otros advierten que esta reforma podría concentrar aún más poder en el partido oficial Morena y sus aliados, debilitando los contrapesos que son fundamentales en un sistema democrático. Existe también la inquietud de que, al elegir a los jueces, se puedan incorporar al sistema judicial personas con experiencia dudosa o allegadas al crimen organizado. Ha surgido información sobre candidatos con antecedentes cuestionables, incluidos abogados de cárteles de la droga.
Esta reforma judicial se enmarca en un contexto en el que López Obrador había mantenido una constante crítica hacia los tribunales, acusándolos de ser defensores de los intereses de las élites y de obstaculizar su agenda política. Esta hostilidad parece ser compartida por Sheinbaum, quien ha cuestionado abiertamente a la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y ha beneficiado a figuras clave en su administración con vínculos con la reforma.
Las preocupaciones respecto a la politización del poder judicial son evidentes. Expertos internacionales y teóricos del derecho advierten que las elecciones judiciales pueden provocar un deterioro en la independencia judicial, donde la lealtad política podría sobreponerse a los principios de justicia. La experiencia de otros países que han implementado procesos similares ha demostrado que, en muchos casos, la participación ciudadana no conduce a una mayor confianza en el sistema judicial, sino más bien a una manipulación de los procesos y a una disminución de la imparcialidad.
La situación actual en México ha sido descrita por académicos como una de las mayores tragedias institucionales de nuestro tiempo, resaltando la necesidad de reformas que aborden los problemas de corrupción y abuso en el sistema sin politizarlo. Con esfuerzos como este, se corre el riesgo de convertir a los tribunales en meras extensiones del poder político, un fenómeno que no es exclusivo de México, sino que se observa en diversas partes del mundo donde los líderes populistas buscan legitimar su poder atacando al sistema judicial.
A medida que México navega por esta nueva era de elecciones judiciales, la comunidad se mantiene atenta a los resultados y las implicaciones que estas decisiones tendrán no solo en la estructura del poder estatal, sino también en la confianza del pueblo en un sistema que, ya golpeado por la desconfianza generalizada, enfrenta un futuro incierto. Los movimientos hacia la democracia no deben perder de vista la esencia de un sistema judicial independiente; este es un elemento crucial para asegurar que la justicia prevalezca verdaderamente en el país.
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