La administración del presidente Donald Trump implementará una nueva norma que prohíbe a los titulares de tarjetas verdes solicitar préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de Estados Unidos. Este cambio limita la elegibilidad para estos préstamos a empresas que sean propiedad de ciudadanos estadounidenses, generando así un impacto significativo en la población inmigrante legal.
La SBA desempeña un papel crucial en la economía de Estados Unidos, brindando apoyo financiero a millones de pequeñas empresas. Los residentes permanentes legales, es decir, aquellos con tarjetas verdes, tienen el derecho a vivir y trabajar de manera permanente en el país, pero esta nueva regulación pone en duda su acceso a recursos esenciales para iniciar o expandir un negocio.
A partir del 1 de marzo, las empresas que busquen préstamos respaldados por la SBA deberán ser de propiedad total de ciudadanos estadounidenses o nacionales estadounidenses cuya residencia principal sea en el país. Esta medida elimina una excepción previa que permitía que hasta un 5% de la propiedad pudiera estar en manos de extranjeros o de residentes permanentes cuyo domicilio estuviera fuera de Estados Unidos y sus territorios.
La representante demócrata Grace Meng ha expresado su preocupación, señalando que esta decisión niega a los inmigrantes legales el acceso al capital necesario para desarrollar sus proyectos. Las políticas de la administración Trump hacia los inmigrantes han sido objeto de críticas por parte de grupos de derechos humanos, quienes alegan que estas acciones, que incluyen revocaciones de visas y green cards, han creado un ambiente de temor entre las comunidades minoritarias.
Este cambio en la normativa, presentado como una medida de seguridad interna y prevención del fraude, ha enfrentado resistencia y desafíos legales. A medida que esta situación se desenvuelve, queda por ver cómo afectará a las pequeñas empresas y a la dinámica económica de un país en que los inmigrantes juegan un papel vital.
La implementación de esta norma pone de manifiesto la fricción existente en la política de inmigración, reflejando una tendencia hacia la restricción que podría tener efectos duraderos en la estructura empresarial y la diversidad del tejido económico estadounidense. Los desafíos legales futuros podrían, sin embargo, alterar este rumbo, dado que las dudas sobre la legalidad de tales políticas persisten.
Esta información corresponde a datos existentes hasta el 13 de febrero de 2026 y es crucial mantenerse informado sobre cómo evolucionan las normativas y sus repercusiones en la comunidad inmigrante y el panorama empresarial. La situación continúa desarrollándose, y el impacto de estas decisiones en el futuro inmediato merece seguimiento continuo.
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