Con el objetivo de fortalecer los lineamientos antifraude en las instituciones bancarias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha puesto en marcha una de sus regulaciones más ambiciosas en los últimos años. Esta nueva normativa exige a los bancos en México mejorar sus controles para prevenir e investigar estafas dirigidas a sus clientes.
Entre enero y septiembre de 2024, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó un alarmante total de 4.9 millones de reclamaciones de clientes bancarios, de las cuales un 73% correspondía a posibles fraudes. Ante estas estadísticas, en junio de 2024, se estableció una nueva regulación destinada a que los bancos refuercen sus medidas en la prevención, detección y respuesta a fraudes.
Según un análisis realizado por consultores especializados en regulación bancaria, el primer paso de esta normativa implica la creación y presentación de un Plan de gestión de fraudes. Este plan debe incluir, entre otros elementos, estrategias robustas para detectar y prevenir fraudes, verificaciones de identidad de clientes, monitoreo de operaciones inusuales mediante sistemas automatizados, capacitación del personal y auditorías internas.
La nueva normativa introduce figuras clave como el oficial de seguridad, el comité de gestión de fraudes y el responsable de prevención de fraudes, así como sistemas de detección y canales de comunicación adaptados a operaciones con identificación digital.
Mary Pily Loo Castillo, directora general de Riesgo Operacional y Tecnológico en la CNBV, destacó que esta reglamentación tiene como finalidad establecer directrices para la identificación, prevención e investigación de conductas delictivas específicas. Estas incluyen robo de identidad, sustracción de datos, suplantación institucional, mal uso de información privilegiada, ataques de malware y la emisión de cheques falsos. La CNBV ha señalado que es fundamental investigar la procedencia de información confidencial que pueda ser utilizada de manera fraudulenta.
Las reglas establecen plazos claros para la implementación de estas disposiciones. Por ejemplo, las instituciones bancarias deben presentar su plan de gestión para diciembre de 2024 y completarlo para abril del mismo año. Asimismo, tendrán hasta octubre de 2025 para implementar mamparas de seguridad en sus sucursales.
Adicionalmente, se requerirá que los bancos establezcan un canal de comunicación interbancario donde puedan compartir información concerniente a empleados implicados en fraudes. Este mecanismo comenzará a operar el 1 de octubre de 2025.
Desde esa misma fecha, se implementará un concepto conocido como Monto Transaccional del Usuario. Este debe ser determinado por cada usuario y servirá para la detección de operaciones que difieran de los patrones habituales de uso, contribuyendo así a la prevención de fraudes.
Es importante señalar que esta normativa se aplica exclusivamente a la banca múltiple y de desarrollo, sumando diferentes plazos para su cumplimiento que se extenderán hasta el año 2027.
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