La reciente denuncia del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas ha desatado una serie de críticas hacia las autoridades locales, revelando una aparente falta de competencia en la gestión de crisis. En este contexto, la intervención del gobierno estadounidense ha dejado al descubierto una serie de errores que ponen en entredicho el manejo de la situación por parte del gobierno de México.
El primer error se dio cuando surgió la denuncia pública; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) guardó silencio, mientras que la presidenta Sheinbaum trató de desestimar la acusación al afirmar que Estados Unidos no había proporcionado pruebas concretas. Sin embargo, la realidad es que la SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) habían detectado desde 2013 irregularidades en estas instituciones, lo que hace cuestionar la veracidad de las declaraciones oficiales.
Acto seguido, en la reciente Convención Nacional Bancaria, el subsecretario adjunto del Tesoro, Scott Rembrandt, se reunió con altos funcionarios y líderes del sector bancario para expresar su preocupación sobre la posible vinculación del sistema financiero mexicano con operaciones ilegales relacionadas con el tráfico de fentanilo. A pesar de la gravedad de la advertencia, la SHCP no le dio la importancia que merecía.
El tercer error consistió en la tardanza en intervenir las tres instituciones tras la explosión de la noticia. Las autoridades financieras optaron por emitir un comunicado insulso que no ofrecía certezas a los clientes afectados, omitiendo detalles clave como la cobertura de los ahorros por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que ampara hasta 400,000 UDIS.
En cuarto lugar, el secretario de la SHCP minimizó el problema al afirmar que no representaba un riesgo sistémico, subestimando la relevancia de las instituciones implicadas, que en conjunto suman solo el 0.5% de los activos del sistema financiero. Este enfoque puede ser peligroso, ya que incluso bancos de menor tamaño pueden desatar una crisis de confianza entre los usuarios, generando una reacción en cadena.
Por último, la presidenta, en su comunicación sobre la situación, no logró establecer la gravedad del problema, el cual trasciende lo financiero y toca la relación política entre México y Estados Unidos.
En conclusión, se observa un panorama preocupante: autoridades financieras percibidas como incapaces para manejar crisis, destacando la inexperiencia del secretario de la SHCP, un presidente de la CNBV poco cualificado, y un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin la experiencia adecuada para enfrentar la situación. Además, la vacante en la Subsecretaría del Ramo durante casi cuatro meses plantea serias interrogantes sobre la operatividad y la efectividad del cuerpo administrativo de la SHCP.
Es esencial que el público y los stakeholders comprendan la gravedad de esta situación, cuyo impacto va más allá de lo inmediato, afectando la confianza en el sistema financiero mexicano y la estabilidad de las relaciones bilaterales.
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