Lo que está sucediendo en el ámbito energético español es, sin lugar a dudas, un reflejo del silencio institucional que a menudo precede decisiones vitales ya tomadas. En este contexto, el movimiento de grandes empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy y Energía de Portugal se torna significativo: están impulsando el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz y Ascó, desafiando los compromisos adquiridos en 2019 para un cierre gradual. Esto no es un asunto menor, ya que podría significar una renovación del pacto nuclear en España.
Este desarrollo se enmarca en un clima de creciente división interna dentro del propio partido en el poder. A raíz de un reciente apagón, algunos ex presidentes autonómicos han pedido revisar informes técnicos antiguos, mostrando su preocupación ante la posibilidad de que un nuevo colapso energético pueda darse si se opta por cerrar centrales sin contar con alternativas sólidas.
Lo que se está viviendo en los pasillos del poder brinda un eco de la célebre frase de Pío Cabanillas: “¡Al suelo, que vienen los nuestros!”, una advertencia que hoy resuena tanto en la derecha como en la izquierda, en un ambiente cargado de tensiones internas.
En estos momentos críticos para el sistema energético de España, es prudente observar la situación en el extranjero. Países como Finlandia, Francia y el Reino Unido han enfrentado serios problemas financieros en relación con sus últimos proyectos nucleares. Ejemplos como Olkiluoto 3, que ha sufrido 13 años de retrasos y ha costado 11,000 millones, o Flamanville 3, que ha rebasado en 15,700 millones su presupuesto inicial, son evidencias contundentes del riesgo asociado a tales inversiones. Hinkley Point C, con un costo que ya se aproxima a 60,000 millones, cimenta aún más esta realidad: grandes promesas iniciales que se transforman en pesadillas financieras.
La pregunta que se plantea ahora es clara: ¿Está España dispuesta a asumir riesgos de esta magnitud? ¿Realmente existe una estrategia definida, o simplemente se actúa por miedo al apagón y por presión internacional?
En este punto de inflexión, sería recomendable establecer una Comisión Internacional de expertos, que, libre de intereses partidistas, evalúe con objetividad los costos, beneficios y consecuencias de reactivar o extender el uso de la energía nuclear. El futuro energético debe estar fundamentado en una toma de decisiones clara y transparente, no atado a decisiones ominosas y silencios estratégicos.
Sin duda, España se enfrenta a un dilema que es tanto económico como técnico y político, en un escenario donde abundan más preguntas que respuestas y más sombras que certezas. Es esencial abrir un debate, pero uno que brinde claridad y transparencia. Porque, si algo puede inquietar más que un apagón, es el silencio que lo sigue.
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