El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para un cambio significativo con la transición al nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) el próximo 1 de septiembre. Este proceso implica que los nueve nuevos ministros heredarán un total de 2,178 asuntos pendientes de resolución, un desafío considerable para quien asuma el liderazgo en el ámbito judicial del país.
De este total, 1,697 asuntos se han acumulado desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2024, correspondientes al segundo año bajo la presidencia de Norma Piña Hernández en el PJF. En los últimos meses, 481 casos se han sumado a este listado, mostrando la urgencia y el volumen de trabajo pendiente.
Analizando el desglose de las responsabilidades, el pleno fue el responsable de no resolver 693 casos, mientras que las dos salas de la Corte, que permanecerán operativas hasta el 31 de agosto, quedaron con 803 asuntos pendientes la Primera Sala y 201 la Segunda. Estas salas se transformarán a partir del 1 de septiembre, y todos los casos sin resolver serán atendidos por el nuevo tribunal constitucional, aunque es probable que una parte de estos asuntos se deseche.
Es interesante notar la historia de estas salas; fueron concebidas incluso antes de la promulgación de la Constitución de 1917, con la Primera Sala centrada en asuntos civiles y penales, y la Segunda en cuestiones administrativas y laborales. Sin embargo, con la reconfiguración del PJF, se plantea un nuevo escenario para el funcionamiento de la justicia en México.
Un dato relevante es que, bajo el Acuerdo General Plenario 3/2025, se ha reportado que hasta la fecha hay 481 asuntos turnados que esperan resolución. De estos, 378 han sido entregados en ponencia y están listos para ser proyectados. Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de mayo pasado, se ingresaron 1,753 asuntos, superando el número de 1,871 que han sido tratados y resueltos.
Uno de los temas críticos que se encontrarán en la agenda del nuevo pleno es la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta acción cuestiona un decreto que reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado con la prisión preventiva oficiosa, un asunto profundamente vinculado con derechos humanos y la implementación de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de enero de 2023.
Con estos datos, la transición en el PJF no solo marca una nueva etapa en la administración de justicia en México, sino que también presenta una serie de retos que los nuevos ministros deberán enfrentar. La carga de trabajo acumulada es una muestra del contexto judicial que los espera,a partir de un momento histórico en el que se reconfigura el marco legal y judicial del país.
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