En un contexto donde la influencia digital va en aumento, la reciente legislación firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, representa un hito significativo en la regulación de las interacciones entre influencers y la política. Esta nueva ley refuerza las exigencias de transparencia para aquellos influencers que reciben compensación por publicar contenido relacionado con cuestiones políticas.
Hasta ahora, California ya imponía ciertas normas de divulgación para los influencers que publican sobre competencias estatales o locales; sin embargo, carecía de sanciones efectivas. En casos de falta de divulgación, no se aplicaban multas ni penas criminales, una vacante en la normativa que otros estados, incluida Texas, están comenzando a abordar.
Bajo la nueva legislación, conocida como AB 1130, las autoridades pueden imponer sanciones de hasta $5,000 por cada incumplimiento y también pueden remitir a los infractores a la policía para posibles cargos de delito menor. Este enfoque más riguroso se hace imperativo en medio de una creciente preocupación por la desinformación en las plataformas digitales.
Un ejemplo relevante que puso de manifiesto la necesidad de esta legislación fue la campaña del multimillonario Tom Steyer, quien, a pesar de no haber conseguido la nominación demócrata para gobernador de California, contrató a numerosos influencers para promover su candidatura. Sin embargo, muchos de estos influencers no revelaron inicialmente que estaban siendo pagados, lo que subraya un problema de falta de claridad en las prácticas actuales.
Gavin Newsom introdujo esta ley como parte de un conjunto más amplio de medidas destinadas a proteger las elecciones de la interferencia, en alusión a la política del expresidente Donald Trump. Marc Berman, el asambleísta demócrata que patrocinó la legislación, explicó que activó esta iniciativa al notar ciertas ambigüedades en la aplicación de las normas existentes.
Con este nuevo marco legal, California busca no solo aumentar la rendición de cuentas en el mundo digital, sino también consolidar la confianza del público en los procesos democráticos, asegurando que quienes influyen en la opinión pública lo hagan de manera transparente y responsables. Este cambio legislativo podría sentar un precedente que otros estados podrían seguir, en un esfuerzo por regular un aspecto cada vez más crítico de la comunicación política en la era digital.
La información presentada corresponde a la fecha de publicación original (2026-09-20 10:30:00).
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Datos basados en información reportada originalmente por techcrunch.com.
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