Las jóvenes a partir de los 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres, según el borrador que maneja el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad confirma que el próximo martes irá al Consejo de Ministros. Ese documento, que ha adelantado la Cadena SER, confirma algunos de los avances que ya desgranó a finales de febrero la ministra de Igualdad, Irene Montero. Entre ellos —y es uno de los que más cambios conllevará para el día a día de las mujeres—, garantizar que ese derecho pueda ejercerse en el sistema público. “Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”, dijo entonces Montero. Y así queda recogido en el borrador.
También se mantienen los plazos: el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.
Bajas por reglas dolorosas
Otras cuestiones que no se conocían con tanto detalle como las anteriores y que también recoge el documento son las referentes a la salud menstrual: bajas de tres días para las reglas dolorosas, la obligación de los centros educativos de garantizar los productos necesarios para la regla, acceso gratuito a esos productos para las mujeres en riesgo de exclusión y también las que se encuentren en prisión, la eliminación del IVA para los artículos específicos de la higiene femenina y la previsión de baja laboral para la interrupción del embarazo.
Los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después estarán financiados públicamente, según el texto, y habrá distribución gratuita de estos métodos anticonceptivos en institutos en el marco de campañas de educación sexual.
El borrador de la nueva norma también toca los vientres de alquiler, que los considera una de las formas de violencia contra la mujer: incluye la prohibición de la publicidad de las agencias, con sanciones, y va más allá. El anteproyecto, según la SER, dice que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para encontrar a una mujer que alquile su vientre, una práctica ilegal en España.
El recurso del PP en el Constitucional
De aprobarse la norma tal y como está redactada en el borrador, quedaría configurada como una nueva ley y no como una reforma de la anterior, ya que introduce una disposición que deroga la normativa previa. ¿Qué conllevaría esto para el recurso que el Partido Popular interpuso ante el Tribunal Constitucional hace 12 años por la Ley del Aborto de 2010?
La posibilidad de que esta iniciativa legal pueda desactivar ese recurso es bastante remota. Primero, porque el actual Tribunal Constitucional se ha comprometido a resolver en los próximos meses un recurso que está pendiente desde hace 12 años y el proyecto de ley que prepara el Gobierno ni siquiera ha empezado a tramitarse en el Congreso de los Diputados. Si la sentencia del Constitucional rechazara el recurso del PP y avalara la ley de plazos de 2010, la nueva iniciativa legislativa del Gobierno tendrá un camino libre en el Congreso.
Pero si el fallo considera inconstitucional la ley de 2010 por considerar que no se protege el derecho a la vida del no nacido (argumento empleado por los recurrentes del PP) entonces tampoco se podrá tramitar la nueva norma, que mantiene la interrupción libre del embarazo en las 14 primeras semanas. Antes de aprobarse esa iniciativa ya sería inconstitucional.
Por otra parte, en el supuesto de que el Tribunal Constitucional dejara sin resolver el recurso (sabiendo que hay una nueva ley en camino), tendrá que mojarse cuando esté aprobado el nuevo texto, porque quien recurrirá de nuevo la iniciativa será Vox. En ese caso, el tribunal contará para su veredicto con una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores.
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