A solo unos días de que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presente ante el Congreso la esperada iniciativa de Ley General de Aguas y una reforma constitucional destinada a fortalecer el derecho humano al agua, varios especialistas han apuntado que el éxito de estas modificaciones dependerá de factores cruciales: calidad del recurso, inversión y control efectivo.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, enfatizó que esta propuesta es un hito histórico tras 13 años de estancamiento legislativo. No obstante, subrayó que sin una asignación adecuada de recursos no será posible asegurar el derecho al agua. Recordó que esta ley debe alinearse con el artículo 4° constitucional, que data de 2012, y cuya promulgación ha sido postergada durante más de una década. Aplaudió que la iniciativa parece contar con un consenso actualizado, influenciado por foros realizados en todo el país.
Sin embargo, destacó un gran desafío: la insuficiencia de recursos en el presupuesto. «El próximo año se pronostica un crecimiento económico muy limitado, lo que complica las asignaciones presupuestarias», alertó. Advirtió que la falta de financiamiento no solo obstaculizará la creación de la infraestructura esencial, sino que también afectará la supervisión, debilitada por recortes anteriores en las plazas de inspección.
Además, instó a los legisladores a priorizar el sector hídrico en el próximo Presupuesto de Egresos, señalando que «los problemas del agua no se mitigan solo con discursos, sino con inversión real».
A pesar de que la iniciativa se presenta en un momento de abundantes lluvias en el país, la vulnerabilidad estructural frente al cambio climático persiste, lo que puede resultar en futuras sequías severas. Rodríguez aboga por una política hídrica a largo plazo que incorpore innovación tecnológica y conceptos de economía circular.
Desde otra perspectiva, Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, expresó preocupaciones sobre la actual inversión pública en el sector, que se mantiene por debajo de los estándares internacionales, representando menos del 1% del PIB. Según las recomendaciones de organismos como el Banco Mundial y la ONU, sería necesario destinar entre el 3% y el 5%. Bustamante destacó que una inversión de 150,000 millones de pesos es insuficiente para enfrentar los desafíos del sector.
La calidad del agua es otro aspecto crítico. En México, se continúa utilizando agua de baja calidad para diversos usos, por lo que las reformas deben incluir metas claras para el tratamiento y reutilización. Actualmente, solo el 40% del agua se trata, y menos del 2% se reutiliza. Para abordar esta crisis, se requiere un enfoque de eficiencia hidráulica integral.
Bustamante también sugirió considerar elevar la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al rango de Secretaría, aunque advirtió sobre el riesgo de aumentar la burocracia y disminuir la autonomía técnica, como se ha visto en la Ciudad de México.
Un problema adicional es la infiltración del crimen organizado en el manejo del agua, lo que complica aún más las reformas. Bustamante mencionó las concesiones irregulares controladas por grupos criminales y la presencia de tomas clandestinas en sistemas como el Cutzamala.
El anuncio del gobierno sobre el envío, el 29 de septiembre, de dos iniciativas clave al Congreso resalta la urgencia en la materia hídrica. Estas iniciativas buscan acabar con el mercado negro del agua, fortalecer a la Conagua, y establecer sanciones más severas para quienes lucran ilegalmente con este recurso vital.
Las propuestas incluyen la eliminación de la transmisión de concesiones entre particulares, un método que desde hace décadas ha facilitado la compraventa irregular de derechos de agua. La iniciativa también contempla un capítulo dedicado a delitos hídricos, con penas más severas para el robo de agua y la perforación de pozos ilegales.
Dadas las tendencias actuales y la urgencia del problema, es vital que las conversaciones sobre el agua en México se traduzcan en acciones concretas y decididas, con el compromiso de garantizar el acceso al agua de calidad para todos.
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