Durante los últimos años, la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha estado marcada por un impulso notable en las convocatorias de empleo público, que han alcanzado cifras históricas en cuanto a número de plazas disponibles. No obstante, la reciente Oferta Pública de Empleo (OPE) anunciada para 2025 representa un cambio significativo en esta tendencia, ya que ofrece 36,588 nuevas plazas, lo que implica una reducción del 9% respecto a las 40,146 disponibles en 2024.
Este descenso, particularmente pronunciado en la Administración General del Estado—que suma ahora 26,889 plazas, 4,500 menos que en el año anterior—refleja una realidad alarmante: la escasez de recursos humanos en la Administración. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que “las plazas son insuficientes para cubrir las pérdidas acumuladas en la Administración del Estado en los últimos años”, advirtiendo además que la falta de nuevos Presupuestos y la congelación de fondos de la Unión Europea comienzan a hacer mella en la situación actual.
Entre los cuerpos que aumentarán su plantilla, se encuentran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el Cuerpo Nacional de Policía sumando 3,139 nuevas plazas—300 más que el año anterior—y la Guardia Civil incorporando 555, alcanzando un total de 3,713 nuevas plazas. También el ejército experimentará un incremento en su plantilla, añadiendo 2,847 nuevos efectivos en 2025, 200 más que en el ejercicio anterior.
La Administración Central contará con 20,324 nuevas plazas de acceso libre y 6,565 plazas de promoción interna, de las que serán parte de las ya mencionadas. En este contexto, se incluyen 8,851 plazas adicionales destinadas a reforzar los servicios de atención al ciudadano en diversas oficinas, garantizando que se mantenga la atención en servicios esenciales como el SEPE, oficinas de extranjería y otros.
Uno de los desafíos más importantes es el relevo generacional, considerando que, desde la llegada de este Gobierno, se han convocado un total de 260,000 plazas de empleo público. Sin embargo, datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) revelan que el empleo público ha registrado una caída de 51,900 personas en su plantilla, lo que sugiere que las convocatorias, aunque intentan mitigar las disminuciones, aún no logran equilibrar la balanza.
La proyección del envejecimiento de las plantillas es otro aspecto crucial, con un 59.95% del personal en la Administración General del Estado superando los 55 años. Esta circunstancia exige incorporar nuevos profesionales de forma urgente, dado que, en 2023, las jubilaciones alcanzaron 10,758 funcionarios, mientras que solo se incorporaron 8,770 nuevos.
Además, en un contexto internacional, el empleo público en España se sitúa por debajo de la media de la OCDE, representando el 15.25% del total de la población activa frente al 18.41% de la media de los países que forman parte de esta organización.
Por tanto, aunque la OPE 2025 busca ampliar la oferta de empleo público, las cifras hablan de una realidad compleja, donde los ajustes en el número de plazas y el envejecimiento del personal son solo algunas de las cuestiones que la Administración debe abordar para asegurar su funcionalidad y eficiencia en el futuro.
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