La reciente iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha despertado un intenso debate en México acerca de la efectividad del Estado en la lucha contra la criminalidad económica. Esta propuesta, presentada en el Senado, busca fortalecer el marco normativo del país para alinearse con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, la implementación de estas medidas no está exenta de riesgos y desafíos significativos.
La reforma pretende abordar las deficiencias señaladas por el GAFI desde 2018, con la intención de crear un sistema más robusto de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. Aunque la necesidad de afinar la legislación es evidente, las modificaciones propuestas plantean serias inquietudes en relación con la seguridad jurídica y la capacidad institucional para llevarlas a cabo.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta reforma es la redefinición de “beneficiario controlador”, que incluiría a cualquier persona que obtenga beneficios de una operación, sin distinción. Esta confusión entre los conceptos de beneficiario y cliente podría dar lugar a una carga legal innecesaria, afectando la eficacia del sistema diseñado para combatir el uso de recursos ilegales.
Otro punto de preocupación es la exigencia de identificación presencial de clientes en actividades consideradas vulnerables. Este requisito podría obstaculizar a las empresas que operan de manera electrónica, ignorando las disposiciones actuales que permiten la identificación en línea. En un panorama comercial en expansión, estas restricciones podrían perjudicar a las pequeñas y medianas empresas (MiPymes), haciendo más costoso y complicado operar legalmente.
Además, la reforma ampliaría la lista de sujetos obligados y los criterios para desencadenar revisiones por lavado de dinero, sin tomar en cuenta la diversidad que existe entre estos actores económicos. Imponer una regulación uniforme no solo es desproporcionado, sino que podría empujar a muchos microempresarios a la informalidad.
La obligación de implementar sistemas automáticos para el monitoreo de clientes, como los que utilizan las instituciones bancarias, resulta inadecuada para aquellos que llevan a cabo actividades esporádicas. La carga financiera de implementar estas tecnologías podría ser abrumadora y, en última instancia, ineficaz para detectar delitos.
La cuestión de regulación también plantea dudas. Se han introducido términos como “informe” junto con “aviso” para obligaciones de reporte, pero sin claridad sobre su contenido o implicaciones legales, generando incertidumbre que puede complicar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Además, la LFPIORPI ha sido criticada por enfocarse más en el lavado de dinero que en el financiamiento del terrorismo, un desbalance que podría ser perjudicial en un contexto global donde ambas áreas requieren vigilancia.
Es imperativo que México logre fortalecer su régimen de prevención, asegurándose de que las reformas no se traduzcan en una regulación excesiva y desproporcionada. Las recomendaciones del GAFI, aunque cruciales, deben ser implementadas de manera que tengan en cuenta la realidad económica, el contexto tecnológico y las necesidades del país.
La solución no radica en imponer regulaciones rígidas para todos por igual, sino en crear un marco flexible y adaptado a las distintas realidades de los actores económicos, que incentive el cumplimiento voluntario y efectivo, manteniendo siempre un compromiso firme con la legalidad y la eficiencia regulatoria.
La discusión sobre esta iniciativa no solo es relevante en términos de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también tiene implicaciones significativas para la economía mexicana en su conjunto.
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