Nuevo informe de desaparecidos revela descuido fiscal.

La reciente presentación del desglose del registro de personas desaparecidas en México ha desatado una intensa polémica, reflejando la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las cifras oficiales. Según el Gobierno, de las aproximadamente 130,000 personas desaparecidas reportadas en los últimos 20 años, se debe tener precaución con más de 80,000. Este número incluye registros erróneos o contradicciones en los reportes de desaparición, lo que pone de manifiesto las carencias en los métodos de documentación, particularmente en las fiscalías.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indicó que actualmente hay 41,328 personas cuya desaparición está catalogada y requiere investigación, señalando que carecen de actividad desde que fueron reportadas como desaparecidas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han insistido en que se debe trabajar en la depuración de más de 40,000 casos donde existen errores en los registros, argumentando que un reporte inconsistente no puede justificar la eliminación de casos de la base de datos.

Las preguntas surgen de inmediato: ¿cuántas son realmente las personas desaparecidas en México? ¿43,128 o más? ¿Cómo es posible que más de 40,000 individuos reportados como desaparecidos hayan tenido actividades como casarse o declarar impuestos tras su desaparición? Estas interrogantes resaltan la incertidumbre sobre el estado actual de los desaparecidos y, más crucialmente, la actuación inadecuada de las fiscalías.

Figueroa también mencionó que, de los 43,128 casos confirmados, solo se han iniciado investigaciones en 3,869, lo que pone de relieve la omisión de casi 40,000 casos por parte de las agencias investigadoras, principalmente estatales. Esta situación refleja la crítica de los colectivos de familiares de desaparecidos que denuncian la negligencia y falta de acción en la investigación de los casos.

En un contexto marcado por altos índices de violencia y la evolución de grupos criminales en México durante los últimos 20 años, miles han desaparecido, ya sea a manos del crimen organizado o del Estado. Hasta hace ocho años, el país ni siquiera poseía una base de datos confiable sobre estas víctimas, y la desaparición, en muchos casos, no era considerada un delito tipificado por particulares.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2019, se estableció la Comisión Nacional de Búsqueda, iniciando así un esfuerzo por crear un registro confiable de desaparecidos. No obstante, el aumento en las cifras ha sido motivo de análisis y crítica. Recientemente, en diciembre de 2023, se presentaron más de 21,000 casos que fueron eliminados de la base de datos en un intento por depurarla, lo que levantó alarmas sobre la veracidad de las cifras y las dificultades que enfrentan los familiares.

La situación ha generado un clima de desconfianza entre las familias de los desaparecidos y el Gobierno. Más allá de la necesidad de corregir los números, lo que preocupa es que las fiscalías siguen enfrentando obstáculos en la investigación, dejando a muchas familias a la deriva en su búsqueda.

El informe reciente destaca la falta de apertura en las fiscalías respecto al número de investigaciones concretas, lo que acrecienta las sombras que persisten sobre el registro de desaparecidos. La exigencia de un mayor control sobre la actuación de las agencias, tanto estatales como federales, cobra fuerza, especialmente en un ambiente donde las redes criminales continúan operando con impunidad.

A medida que se plantea la cuestión de cuántas fiscalías están operando con un bajo índice de investigaciones abiertas en relación al número de casos reportados, se hace evidente la necesidad de un cambio significativo en las prácticas de las instituciones encargadas de hacer justicia. La esperanza recae en que la transparencia y el compromiso con la verdad prevalezcan para que las familias de los desaparecidos puedan finalmente encontrar la paz que buscan.

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