Nuevo sistema eléctrico, estabilidad, arbitrariedad e inseguridad.

El panorama actual del sector eléctrico en México se presenta como un laberinto en constante transformación, impulsado por un régimen que parece disfrazar su estrategia con reglas confusas y contradictorias. A lo largo de los años, desde 1992 hasta 2018, el país había avanzado hacia un modelo que fomentaba la inversión privada y la competencia, así como una transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. La Reforma Energética de 2013, implementada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue un hito crucial. Esta reforma no solo permitió la entrada de la inversión privada en la generación, suministro y comercialización de electricidad, sino que también hizo posible el uso de energías renovables a través de un despacho de centrales eléctricas basado en costo económico.

Sin embargo, en la actualidad, la administración actual ha desmantelado muchas de estas estructuras, implementando un modelo donde el control estatal predomina. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha regresado a un rol central y monopólico, reduciendo a los proyectos privados a una mera figura subordinada. El nuevo marco de “planeación vinculante” introduce mecanismos de control poco claros, que favorecen al gobierno en un contexto donde aún persisten riesgos significativos.

Uno de los cambios más notorios es la imposición de contratos mixtos, donde las empresas deben asumir todos los riesgos de financiamiento y operación, mientras que el Estado mantiene un derecho de veto sobre todo el proceso. Este enfoque crea un paisaje incierto para los inversionistas, ya que la posible reversión de activos a la CFE, después de plazos arbitrariamente determinados, añade un nivel de complejidad que atenta contra la viabilidad de los proyectos.

A medida que se descubren las intenciones del gobierno, sale a la luz un plan que prevé la instalación de 32 mil megavatios (MW), de los cuales se espera que 7.5 mil MW provengan de energías limpias. Sin embargo, este objetivo se confronta con la dura realidad de la falta de infraestructura adecuada y el estancamiento de proyectos estratégicos en transmisión e interconexión. Con un costo estimado de hasta 30 mil millones de dólares para adaptar la red, es evidente que el gobierno carece de los recursos necesarios y se niega a permitir la inversión privada en este sector, lo que dificulta aún más el camino hacia un futuro energético sostenible.

En esta encrucijada, la falta de transparencia y la eliminación de subastas claras generan un clima de desconfianza. Las empresas tienen dudas sobre cómo se despacharán las centrales eléctricas, y la asignación de gas natural podría estar sujeta a decisiones arbitrarias. La preferencia hacia ciertos estados para proyectos privados también se alza como un manto de misterio sobre la equidad del proceso.

Con este nuevo esquema, se abre un interrogante crucial: ¿quién se atreverá a invertir bajo condiciones tan inciertas? Si bien algunas empresas han mostrado interés, ninguna ha cerrado financiamiento, lo que sugiere que esos planes prometedores podrían ser solo globos de aire caliente. En resumen, el sector eléctrico mexicano se encuentra en una transición tumultuosa que pone en tela de juicio el futuro de la inversión privada y el avance hacia energías limpias. Las decisiones tomadas en este momento serán determinantes para el rumbo energético y ambiental del país.

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