La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública marca un hito significativo en la regulación de las instituciones de seguridad en el país. Promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta iniciativa tiene como objetivo establecer un marco legal que articule políticas, programas y acciones en torno a la estrategia de seguridad del gobierno.
En una sesión extraordinaria caracterizada por su intensidad, el pleno, respaldado por la mayoría de los partidos, excepto el PRI, dio luz verde a esta ley con una votación de 423 a favor y 63 en contra. Tras su aprobación, el proyecto se ha enviado al Senado para su posterior discusión.
Una de las propuestas más relevantes de esta nueva legislación es la creación de mecanismos de coordinación que fortalezcan las funciones de las policías, fiscalías y sistemas penitenciarios, así como la certificación institucional y la supervisión de los recursos federales destinados a la seguridad. Esta ley sustituye a la anterior, vigente desde 2009, y busca modernizar y eficientizar el sistema de seguridad pública en el país.
Entre las nuevas disposiciones, se estipula la creación de un Sistema Nacional de Información que abarcará diversos registros, tales como los de armamentos, detenciones, incidencia delictiva, y un registro de vehículos robados y recuperados, así como denuncias anónimas. Un aspecto notable de esta ley es la inclusión formal de la Guardia Nacional dentro del sistema, reconociendo su papel en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública y en los Consejos Locales.
La seguridad pública se define como una función del Estado que corresponde a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios, con el fin primordial de proteger la vida, derechos, integridad y patrimonio de los ciudadanos, garantizando así la paz social y el orden público.
Sin embargo, la sesión fue también escenario de controversia. De manera inesperada, y en horas de la madrugada, la mayoría de Morena modificó el proyecto original, eliminando la propuesta de crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Esta medida pretendía exigir a las empresas de telecomunicaciones que registraran a todos los usuarios, inhabilitando las líneas no asociadas a un individuo, a excepción de aquellas para servicios de seguridad y emergencia. La nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sería responsable del manejo de estos datos.
Además, se desestimó un párrafo que reconocía la seguridad pública como un asunto de carácter civil, limitando la colaboración entre el gobierno federal y los estados. En este contexto, Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, se expresó en contra de las modificaciones, calificándolas de “enredo” y una maniobra de “albazo” legislativo, afirmando que conducen a un fortalecimiento indeseado del Estado de vigilancia.
Este desarrollo legislativo, enmarcado en un contexto de creciente demanda social por mayor seguridad, señala un esfuerzo del gobierno por modernizar y estructurar el sistema de seguridad pública, aunque también despierta inquietudes sobre las implicaciones en la vigilancia de los ciudadanos. La información presentada corresponde a los sucesos hasta el 26 de junio de 2025 y puede evolucionar en relación con nuevos avances en la discusión legislativa y el contexto de seguridad nacional.
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