El Inegi ha presentado recientemente los resultados de la pobreza multidimensional en México, correspondientes al período de 2022 a 2024. Los datos, a primera vista, son alentadores: 8.3 millones de personas han salido de la pobreza multidimensional, resultando en una reducción de 46.8 a 38.5 millones de personas a nivel nacional. Este logro ha sido aclamado oficialmente como una prueba de la eficacia de los programas sociales lanzados.
Sin embargo, aunque a nivel agregado parece haber una mejora, la realidad es más compleja. La pobreza se concentra en las mismas regiones donde se prometió un combate más efectivo. Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen liderando la lista con tasas preocupantes de 66.5%, 60.6% y 58.4%, respectivamente. Cabe preguntarse si realmente se han utilizado los recursos de manera efectiva para combatir la pobreza o si simplemente se ha buscado sostener una narrativa.
En contraste, los estados con menor proporción de población en pobreza —como Nuevo León, Baja California y Baja California Sur— son los que han recibido menos inversión federal directa. No obstante, su dinamismo económico en áreas como la industria, el turismo y el comercio exterior ha llevado a mejores resultados. Esto sugiere que la pobreza se enfrenta con crecimiento real, más que con mera asistencia financiera.
El informe también señala mejoras en diversas carencias sociales, incluyendo avances en el rezago educativo, el acceso a la salud, la seguridad social, la calidad de la vivienda y la alimentación. Sin embargo, es preocupante el aumento en la población vulnerable por carencias sociales, que pasó del 29.5% en 2022 al 32.2% en 2024. Esto indica que, pese a las mejoras anunciadas, más personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ya que tener acceso a servicios de salud no garantiza atención médica adecuada.
Por otro lado, la pobreza extrema se ha reducido, pasando de 9.1 a 7 millones de personas. Aunque esta reducción es significativa, aún representa a una de cada veinte personas en México, lo que evidencia la falta de solución a una problemática tan crítica.
Una mirada más cercana revela que esta aparente mejora no tiene un sustento estructural. Durante el mismo período, la deuda pública se ha duplicado, aumentando de 10 a más de 20 billones de pesos. Esta acumulación de deuda plantea interrogantes sobre la utilización de estos recursos, ya que los estados más pobres siguen enfrentando dificultades significativas.
El aumento en el salario mínimo también se ha presentado como un avance. Sin embargo, durante el período de análisis, no alcanzaba los 8,000 pesos mensuales, y aunque actualmente ha superado este umbral, el ingreso apenas es suficiente para cubrir necesidades básicas. El aumento de sueldo resulta ineficaz si los precios continúan en aumento y los salarios no cubren lo esencial.
Así, a pesar de que algunas cifras se presentan de manera más optimista, no reflejan cambios significativos en la estructura del país. La pobreza y la desigualdad regional persisten, al igual que una creciente dependencia del apoyo estatal.
En conclusión, continuamos en un contexto donde las cifras pueden brillar, pero las realidades en los bolsillos de los ciudadanos aún son desafiantes.
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