Rolando Álvarez, obispo nicaragüense cumplió 10 días retenido por la Policía nicaragüense, acusado de intentar organizar grupos violentos.
“En este décimo día, en el que nos encontramos reunidos y retenidos en nuestra curia episcopal (…), queremos orar especialmente por los niños, para que nosotros los adultos podamos heredarles una sociedad mejor de la que hemos podido construir, una sociedad donde reine la paz, la justicia, la santidad, la libertad, la verdad”, dijo Álvarez en una misa transmitida por Facebook.
Álvarez imploró por una sociedad “sin exclusión”, que priorice “a los más pobres”, donde “no reine la mirada de la venganza y del rencor, sino del amor y de la amistad”.
La Policía nicaragüense mantiene cercada la curia de la Catedral de Matagalpa con el argumento de que investiga al obispo por supuestamente intentar organizar “grupos violentos”.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha tildado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional que buscaba una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Junto con Álvarez están cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos, quienes permanecen totalmente aislados, salvo por los mensajes y misas dirigidas por el obispo desde el interior de la curia a través de redes sociales.
El obispo y sus compañeros retenidos por la Policía nicaragüense han recibido el apoyo de los Episcopados de diferentes países de Latinoamérica, así como de varias diócesis de Nicaragua y la Arquidiócesis de Managua.
En la víspera, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, afirmó que Álvarez es víctima de un “secuestro de parte de la dictadura de Nicaragua”, que es gobernada por Daniel Ortega.
El de Álvarez es el más reciente capítulo de una historia de roces entre la Iglesia católica de Nicaragua y el gobernante sandinista, que data desde hace más de cuatro décadas en un país donde el 58,5 % de sus 6,5 millones de habitantes se considera católico.
En el presente año el Gobierno de Ortega ha llevado a prisión a dos sacerdotes, cerrado ocho radioemisoras católicas, sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, el ingreso por la fuerza y allanamiento a una parroquia, y la expulsión de las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta.
La situación en Nicaragua ha empeorado tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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