La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como Ley Antilavado, sigue siendo un tema de gran relevancia en el contexto actual. Su principal objetivo es prevenir y detectar tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo, mediante el control de actividades económicas que pueden ser utilizadas para introducir recursos ilícitos al sistema financiero y a la economía formal.
En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum ha promovido un fortalecimiento institucional de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ha respaldado reformas legislativas que enriquecen el marco de la Ley Antilavado. Este impulso ha sido en respuesta a presiones internacionales, incluyendo sanciones impuestas por Estados Unidos, destacando la necesidad de alineación con estándares internacionales.
Claves de la Reforma de la Ley Antilavado
Armonización con estándares GAFI: La reciente reforma busca responder a las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), asegurando que México esté en sintonía con las mejores prácticas globales.
Registro de Personas Políticamente Expuestas (PEP): Se creará un registro específico que obligará a monitorear las cuentas relacionadas con PEPs y sus círculos cercanos, con la intención de establecer políticas internas claras para su seguimiento.
Identificación del beneficiario controlador: Se refuerza la obligación de conocer quién controla o se beneficia realmente de las operaciones, aumentando la transparencia en el uso de estructuras jurídicas complejas.
Detección y análisis de riesgos: La ley exige implementar sistemas automatizados para la detección de operaciones sospechosas y la realización de evaluaciones de riesgo periódicas.
Umbrales más bajos y trámites digitalizados: La reforma introduce umbrales reducidos para reportes, facilitando la unificación de trámites en plataformas digitales para un proceso más ágil.
Coordinación interinstitucional reforzada: La UIF obtendrá nuevas facultades y otros organismos como la FGR y la Guardia Nacional tendrán la obligación de reportar casos sospechosos, junto con la Secretaría de Hacienda que podrá acceder a información de diversas entidades.
Ampliación de actividades vulnerables: Se incluirán nuevas actividades en el catálogo, como desarrollos inmobiliarios y comercialización de criptomonedas, lo que ampliará el espectro de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
La UIF como víctima: En el contexto de delitos financieros, la UIF podrá ser reconocida formalmente como víctima, participando en procesos penales para recuperar activos.
Críticas a la Reforma
A pesar de las intenciones detrás de la reforma, ha recibido críticas significativas. Más de 50 organizaciones civiles han señalado que las nuevas obligaciones podrían resultar en cargas administrativas excesivas, comprometiendo su operatividad y la libertad de asociación. Además, la oposición legislativa advierte que la definición imprecisa de PEPs podría dar pie a vigilancias excesivas y abusos discrecionales.
Asimismo, organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han manifestado preocupaciones sobre el impacto económico que estas nuevas obligaciones tendrán en pequeñas y medianas empresas, que deberán realizar inversiones significativas en tecnología y capacitación.
La información presentada corresponde a una fecha de publicación original y refleja un entorno en el que el lavado de dinero ha evolucionado, especialmente a través de plataformas digitales y activos virtuales, convirtiendo la discusión sobre la Ley Antilavado en un tema de continua importancia y controversia en la actualidad.
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