Este lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que ocho de cada 10 mujeres encarceladas en México sufren algún tipo de tortura por parte de una autoridad pública durante su proceso legal.
Así mismo, informó que el 43.8 por ciento de las mujeres detenidas en el país ha sufrido tortura sexual, ya sea durante su detención, traslado a los ministerios públicos o prisiones, o en su estancia en dichos sitios, indican los resultados del primer diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad en México.
El informe mostró de manera inicial que al menos siete de cada 10 mujeres privadas de su libertad refirieron haber sufrido algún tipo de tortura o malos tratos en al menos una de la etapa de su proceso judicial; sin embargo, tras descubrir la violencia que tenían “normalizda” el número aumento a ocho de cada 10.
Al enfocarse en las torturas de tipo sexual, las denuncias fueron de al menos tres de cada 10, revela el informe.
No obstante, Aribel García Pérez, Directora de Relaciones y Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Gobernación, aclaró que muchas de las mujeres consultadas no se asumían como víctimas, pero al profundizar en las preguntas, el estudio evidenció que la cifra de agresiones sexuales se elevaba a poco más de cuatro de cada 10 mujeres.
El reporte fue elaborado como respuesta a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Atenco.
Comenzó a realizarse en octubre de 2021 con la colaboración del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Para ello se hicieron entrevistas al 10 por ciento de las mujeres detenidas en el país, es decir, mil 280 en todas las entidades del país.
La autoridad que más comete este flagelo es, en un 40 por ciento, las policías de investigación; en el 21 por ciento, la policía municipal, y en 16 por ciento las policías estatales.
Durante la presentación del informe este lunes en la sede de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, sostuvo que las cifras “dan cuenta de la gravedad de un problema que existe en nuestro país, que no ha sido posible erradicar”.
Por su parte, Italia Méndez, sobreviviente de este delito, expresó que “la tortura sexual en México contra mujeres persiste, no es un hecho del pasado, ocurre hasta el día de hoy con la alta comisión por parte de instituciones de seguridad de diferentes niveles de gobierno”,
Norma Jiménez, igualmente sobreviviente de tortura sexual en Atenco, agregó que “los responsables de la tortura sexual no sólo son quienes la ejecutan, también es quien la calla, también es quien no hace nada para que las víctimas tengan justicia, también es quien la siga perpetuando y alentando”.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se recordó que la elaboración de este diagnóstico era una tarea pendiente desde 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en contra del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos en contra de mujeres en el municipio de San Salvador Atenco (en el Estado de México).
El Diagnóstico contempla también una serie de recomendaciones dirigidas a diversas instancias, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial, instituciones de seguridad, organismos protectores de derechos humanos, comisiones de atención a víctimas y sistema penitenciario.
Además, presenta una hoja de ruta para mejorar los procesos legales como la necesidad de atender “proactivamente” las denuncias por tortura realizadas por mujeres y asegurar la debida investigación de los perpetradores.
También para documentar “diligentemente y bajo los estándares en la materia” la tortura, promover la admisión de peritajes independientes, garantizar la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura en los procesos penales a los que están sujetas las mujeres, asegurar la debida atención en materia de salud y dotar de recursos a las instancias encargadas en materia de tortura, incluyendo al Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, entre otras.
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