Cada mes, 66 de cada 100 personas reportadas como desaparecidas son localizadas, aunque resulta alarmante que 96 de esas localizaciones no están vinculadas a delitos, sino que corresponden a ausencias voluntarias, disputas familiares o individuos que simplemente decidieron irse sin avisar. Este fenómeno destaca un hecho crucial: el gobierno actúa principalmente como un rastreador administrativo de aquellos que no desean ser encontrados, mientras que la búsqueda de personas desaparecidas por el crimen organizado o el propio Estado sigue siendo negligida.
Un informe presentado en la Mañanera del 27 de marzo de 2026 refleja el desolador estado de las desapariciones en el país. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas acumula, desde 1952, un total de 394,645 registros. Durante más de siete décadas, ningún gobierno, ya sea federal o estatal, ha realizado una depuración de esta lista ni ha emprendido una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas. En la actualidad, 132,534 personas siguen sin ser localizadas, y alarmantemente, 46,742 casos carecen de datos básicos que permitan su identificación. Nombres como ‘BBC’, ‘Juanito’, ‘Niña’ o ‘Muebles Gaby’ aparecen en los expedientes, lo que dificulta cualquier esfuerzo de búsqueda, como reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿A quién se le puede atribuir esta tragedia? La responsabilidad recae en quienes pudieron actuar y decidieron no hacerlo. Desde Felipe Calderón, quien desató una guerra en contra de las drogas sin un plan claro para la identificación y búsqueda de víctimas, hasta Enrique Peña Nieto, quien heredó esta crisis y la gestionó con indiferencia. Andrés Manuel López Obrador prometió verdad y justicia a las familias afectadas, pero su gobierno ha sido criticado por no abordar con seriedad el problema como lo exige la situación. Un dato escalofriante: el 98% de los casos de desapariciones corresponde al periodo que comenzó en 2006.
Claudia Sheinbaum, al reconocer públicamente esta grave situación, ha promovido una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2025, que establece la obligación de abrir una carpeta de investigación desde el primer reporte y contempla sanciones administrativas para funcionarios que no lo cumplan. Aunque esta intención parece genuina, es crucial destacar que la tecnología y las medidas legales son solo herramientas; la verdadera solución radica en la acción efectiva.
El cuello de botella se encuentra en las fiscalías estatales. De los 43,128 casos que no han tenido actividad tras la desaparición, el 71% fue registrado por las propias fiscalías. Sin embargo, solo 3,869 han generado una carpeta de investigación formal, mientras que los otros 26,611 se limitan a ser “reportes” que no generan ninguna obligación de investigar. Las fiscalías, luego de registrar a los desaparecidos, tienden a olvidarse de ellos.
Este problema tiene raíces estructurales. En muchos estados, los fiscales trabajan bajo la dirección de los gobernadores, quienes, en su mayoría, reticentes a aceptar la realidad de las desapariciones en sus localidades, bloquean cualquier esfuerzo efectivo de respuesta. La propia presidenta Sheinbaum ha mencionado que la titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa, mantiene una comunicación constante con los fiscales estatales para que actualicen sus registros; sin embargo, debe presionarse a estos funcionarios, quienes no actúan por iniciativa propia.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, solo se cumplieron 286 órdenes de aprehensión por el delito de desaparición, lo que se traduce en apenas un detenido por cada 463 víctimas. Sin fiscalías verdaderamente autónomas que investiguen sin la necesidad de aprobación gubernamental, ninguna reforma, por más bienintencionada que sea, podrá revertir siete décadas de abandono en la búsqueda de desaparecidos.
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