Un hombre de iniciales J. A. R. C. ha sido condenado este lunes a 77 años y cuatro meses de prisión después de reconocer abusos, agresiones sexuales y acoso a través de las redes sociales a 31 niños de entre 9 y 15 años en Málaga. Cometió los delitos mientras ejercía como entrenador de fútbol en diversos clubes de la ciudad entre 2013 y 2018. En la primera sesión del juicio que comenzó este lunes en la Audiencia de Málaga, el procesado ha reconocido todos los hechos, ha asegurado que él mismo sufrió abusos en su infancia y ha mostrado arrepentimiento. Para evitar que las víctimas tuviesen que declarar, acusaciones particulares, Fiscalía y defensa han llegado a un acuerdo de conformidad, que incluye el pago de 3.000 euros a cada menor. El ministerio público había solicitado inicialmente 180 años de prisión para el penado, que pasará un máximo de 18 años de cárcel, de los que ya ha cumplido cuatro.
La condena se debe a dos delitos de agresiones sexuales con acceso carnal sobre menores de 16 años, 12 agresiones sexuales sin dicho acceso, otros tres delitos de exhibicionismo y 13 de acoso que, ante la gravedad, se han convertido en 13 delitos de producción de pornografía infantil. Además de los 77 años y cuatro meses de prisión, al procesado se le han impuesto algunas medidas adicionales como la obligación de llevar a cabo un tratamiento psicológico y deberá cumplir un periodo de libertad vigilada, momento en el que también deberá abandonar Málaga. La pena recoge atenuantes como el trastorno por haber sido víctima de abusos o su arrepentimiento por lo ocurrido.
El pacto alcanzado ha estado desarrollándose durante los últimos meses, pero ha podido hacerse efectivo este lunes porque los dos clubes de fútbol en los que había trabajado el condenado -Málaga CF y Club Olímpica Victoriana- y una empresa de ropa deportiva con la que también estaba relacionado no consideraban su responsabilidad civil en los hechos, que ha sido finalmente asumida por el acusado “con compromiso de pago a las víctimas”, ha precisado el letrado del condenado, Juan Fernández.
Todas las partes han manifestado que la intención en todo momento era que el juicio no llegase a celebrarse para que las víctimas no tuvieran que revivir lo ocurrido. “Se trataba de evitar, dado el reconocimiento de los hechos, la declaración de los menores”, ha explicado Fernández. “Están con otros equipos de fútbol, tienen una vida normal. Hacerles venir a recordar otra vez todo eso no era lo más correcto”, ha matizado Antonio Gómez de la Cruz, letrado de una de las acusaciones particulares.
Identidad falsa
El escrito del fiscal, cuyas acusaciones ha reconocido al completo el condenado, refleja que el procesado trabajaba en una empresa de ropa deportiva y varios clubes de fútbol, generalmente como entrenador de niños entre los 12 y 16 años. El hombre seleccionaba a algunos de ellos y los buscaba en redes sociales —sobre todo Instagram— contactándoles bajo la identidad falsa de una chica, intentando generar confianza mientras mantenía, en ocasiones, conversaciones de índole sexual. Luego, les remitía imágenes de una joven desnuda para, posteriormente, solicitarles fotos de ellos sin ropa. Cuando lo hacían, les amenazaba con hacerlas públicas o incluso enviárselas a terceras personas “si no le mandaban fotos con actos de sexo explícitos, vídeos desnudos o que hicieran directos desnudos”. De hecho, “llegó a remitir fotos íntimas de menores a otros menores, jugadores de fútbol y compañeros, por no haber cumplido lo que le ordenaba”, según la acusación de la Fiscalía.
En uno de los casos, según el mismo documento, un niño sufrió abusos durante cuatro años seguidos, desde los 10 hasta los 14 años. En este tiempo en el que el condenado “ejerció un control sobre este, le indicaba que se tenía que acercar a él, quién debía ser su amigo, le controlaba si estaba en línea en WhatsApp e incluso las horas que pasaban sin conectarse a dicha aplicación”. Según el relato del fiscal, la situación generó una situación de ansiedad tal, que el chico llegó a manifestar su intención de quitarse la vida para liberarse. A él, como a las demás víctimas, el procesado deberá pagar 3.000 euros de indemnización.
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