Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking han expresado su firme rechazo ante la reciente apertura del gobierno federal a la exploración de hidrocarburos no convencionales, especialmente fuera de la cuenca Tampico-Misantla. Durante una conferencia de prensa que reunió a representantes de organizaciones de Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz, así como especialistas en energía y territorio, las preocupaciones fueron contundentes: la estrategia energética promovida por la administración de Claudia Sheinbaum no solo profundiza la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también pone en riesgo el agua, las comunidades y contradice el compromiso de campaña de prohibir el fracking.
Activistas como Pablo Montaño, de Conexiones Climáticas, manifestaron que las medidas propuestas por el comité de expertos para minimizar los impactos ambientales generarían un aumento significativo en los costos operativos, sin eliminar los riesgos de contaminación de acuíferos ni de emisiones de metano y sismicidad inducida. En este sentido, la explotación de gas no convencional dependería de empresas estadounidenses, lo que podría desvirtuar el discurso de soberanía energética.
Beatriz Olivera, representante de Engenera, subrayó la falacia de considerar las áreas de extracción como desérticas y deshabitadas. Precisó que estos yacimientos abarcan territorios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde habitan alrededor de 1.3 millones de personas y existen 1,850 localidades rurales, además de comunidades y territorios del pueblo kikapú. Olivera también cuestionó la viabilidad económica de dichos proyectos, apuntando que solo la perforación de entre 2,000 y 3,500 pozos demandaría inversiones que oscilarían entre 24,000 y 42,000 millones de dólares.
Por su parte, Cristina Auerbach, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos y de Coahuila Sin Fracking, reafirmó que no existe un “fracking seguro” ni “fracking ecológico”. Asimismo, advirtió que la extracción de gas no convencional implica riesgos considerables para el agua, el aire, las comunidades y la salud de las personas.
Con estas declaraciones, los activistas han dejado claro que la lucha contra el fracking en México no solo es necesaria, sino urgente, y han hecho un llamado a la población y al gobierno para reconsiderar la dirección de la política energética nacional.
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