México enfrenta un profundo desafío en la lucha contra la desaparición de personas, a pesar de contar con un marco jurídico e institucional extensivo para prevenir y abordar este grave problema. Este contexto fue destacado por Alan García Campos, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), durante los recientes “Diálogos contra la desaparición”.
En su intervención, García Campos subrayó que aunque el país ha desarrollado un andamiaje normativo robusto, las leyes y estándares internacionales no siempre se traducen en acciones efectivas. Este problema persiste a pesar de la creciente presión y exigencia de las familias de personas desaparecidas, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil que han sido fundamentales en esta lucha.
México ocupa el primer lugar en el número de acciones urgentes adoptadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, lo que pone de manifiesto la magnitud de la crisis. Sin embargo, el subregistro es una realidad, ya que estos mecanismos internacionales solo se activan cuando las víctimas o sus familiares recurren a ellos.
En cuanto a las obligaciones del Estado, se identifican nueve aspectos fundamentales: prevenir las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los hechos y asegurar el acceso a la justicia, garantizar el derecho a la verdad, realizar una identificación digna de los fallecidos, reparar integralmente a las víctimas, garantizar búsquedas seguras, preservar la memoria histórica, y establecer garantías de no repetición.
Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), puso énfasis en que los estándares internacionales no son meras recomendaciones; son obligaciones que las autoridades deben cumplir. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada en 2017, es un paso significativo hacia ese objetivo, estableciendo un modelo de búsqueda, investigación penal y reparación integral.
A pesar de las mejoras en el marco normativo, Ugarte advirtió que los problemas de coordinación entre las distintas instituciones persisten, dificultando la localización de las personas desaparecidas y la investigación de los delitos relacionados. García Campos, por su parte, afirmó que aunque los instrumentos mexicanos han incorporado estos estándares internacionales, el verdadero desafío radica en su implementación efectiva.
Un punto importante que se destacó es que los protocolos no deben convertirse en “camisas de fuerza” que limiten la capacidad de las autoridades para actuar en situaciones que no están explícitamente cubiertas. La adaptación y flexibilidad en la aplicación de la ley son imprescindibles para abordar cada caso con la seriedad y la urgencia que requiere.
La situación actual es reflejo de un esfuerzo constante y la necesidad de garantizar que los derechos de las víctimas sean protegidos, garantizando justicia y verdad para todos aquellos que llevan el peso de la desaparición en su vida cotidiana. Este es un recordatorio de la imperiosa necesidad de transformar los marcos legales en realidades tangibles que marquen un verdadero cambio en la vida de las personas y en la prevención de estas atrocidades.
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