La reciente reforma en materia de amparo, que ha pasado por la Cámara de Senadores y ahora se encuentra bajo revisión en la Cámara de Diputados, ha generado un intenso debate entre los expertos en Derecho constitucional sobre su implicación retroactiva. Esta discusión se centra específicamente en la adición al artículo transitorio segundo del decreto que estipula que los procedimientos en curso se regirán por las nuevas disposiciones en el momento de su entrada en vigor.
Por un lado, el jurista Juvenal Lobato argumenta que esta modificación sí constituye una retroactividad, citando el Artículo 14 de la Constitución, que establece que ninguna ley debe tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Lobato expresa su preocupación al afirmar que esta situación es alarmante para la seguridad jurídica, sugiriendo que crea un clima de incertidumbre que puede afectar tanto a inversores como a ciudadanos. “Es como si iniciamos un partido y, al mediotiempo, cambian las reglas”, ilustra Lobato, resaltando la improcedencia de alterar las normativas en medio de un procedimiento legal ya en curso.
En contraposición, Jaime Cárdenas Gracia sostiene que la reforma no es retroactiva, argumentando que en el ámbito procesal, las reformas a la Constitución no violan el principio de retroactividad. Según él, la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha solicitado a la Cámara de Diputados que revise el cambio aprobado, no es un indicativo de presión, sino más bien un esfuerzo por mantener la integridad del marco legal del país. Cárdenas enfatiza que, aunque valora la necesidad de transformaciones legislativas, es fundamental preservar los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la no retroactividad de la ley.
La tensión inherente a esta propuesta destaca la importancia de un enfoque cauteloso en la aplicación de nuevas disposiciones que pueden alterar el curso de juicios en proceso. Los expertos coinciden en que, aunque se busca una transformación positiva en la realidad jurídica, es esencial hacerlo respetando la certeza y el estado de derecho. En este contexto, la contienda entre Lobato y Cárdenas refleja no solo un desacuerdo académico, sino también una preocupación por el futuro del sistema judicial y la confianza del público en las leyes.
En última instancia, lo que está en juego es más que una discusión legal; se trata de la confianza en el sistema jurídico del país y su capacidad para brindar seguridad y previsibilidad tanto a ciudadanos como a inversores. El enfoque de la Cámara de Diputados sobre esta reforma será clave para definir el rumbo de la jurisprudencia y, por ende, de la estabilidad socioeconómica en México.
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