A pesar de las promesas del gobierno de Claudia Sheinbaum y el movimiento de la “Cuarta Transformación” de no incrementar los impuestos, los planes se han reconfigurado. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto sobre la mesa un posible aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el 2026, específicamente sobre productos de alto consumo como las bebidas azucaradas.
Este anuncio ha generado un aluvión de reacciones en la población mexicana. Una encuesta reveló que el sentir común es de enojo y frustración, ya que muchos ciudadanos perciben que el dinero que aportan al gobierno no se traduce en beneficios tangibles para la sociedad. La insatisfacción se siente particularmente aguda en regiones como la Ciudad de México, donde los comentarios sugieren que los incrementos de impuestos a las bebidas azucaradas no abordan problemas estructurales, sino que agravan la situación económica de los más necesitados, así como de pequeños comercios.
Los ciudadanos argumentan que los recursos recaudados deberían ser destinados a mejorar la educación y la salud, ya que estos sectores aún presentan falencias significativas. Por ejemplo, se han mencionado las carencias en el sistema de salud, como la falta de medicamentos y el deterioro de la infraestructura urbana. Estos testimonios subrayan la percepción de que no existe una mejora significativa en la calidad de vida desde que el partido Morena asumió el poder en 2018.
El aumento del IEPS en el contexto del Paquete Económico proyectado para 2026 busca gravar, en particular, a bebidas azucaradas, dado que su consumo es elevado en la población. Desde agosto de 2025, el gobierno ha comenzado una campaña de concienciación destinada a reducir el consumo de estas bebidas, planteando que el objetivo es el bienestar de la salud pública.
El IEPS es un impuesto indirecto que afecta a todos los mexicanos con la compra de productos y servicios. Este impuesto ha sido una de las principales fuentes de ingresos para el gobierno federal, con una recaudación que, en 2024, superó los 628 mil millones de pesos. Los productos más comúnmente gravados incluyen refrescos, gasolina, diésel, plaguicidas, alimentos altamente procesados, cigarros y bebidas alcohólicas.
La inquietud es palpable entre la población, que observa cómo los incrementos en los impuestos no resuelven sus preocupaciones cotidianas ni contribuyen a mejorar los servicios gubernamentales. A medida que avanza el 2026, se espera que el debate sobre el uso de estos recursos y la efectividad de las políticas fiscales continúe en el centro de la conversación pública.
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