El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reaccionó este viernes a la decisión de la Unión Europea. De abrir un expediente de infracción a Budapest por las leyes que discriminan a las personas LGTBI. Y lo hizo acusando a los Veintisiete de “vandalismo legal”. La víspera, la Comisión Europea había anunciado la apertura de un expediente por la norma que prohíbe la difusión de contenido LGTBI en ámbitos donde haya menores. Al considerar que viola la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en puntos como la libertad de expresión y la no discriminación. El Ejecutivo comunitario también abrió otro procedimiento infractor a Polonia por las llamadas zonas libres de ideología LGTBI creadas en varios municipios.
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“La postura de la Comisión Europea es vergonzosa”, prosiguió Orbán en unas declaraciones que difundió la radio estatal. El primer ministro ultraconservador apostilló que este “debate” ofrece a los húngaros una visión de cómo es “la vida europea”. Y de lo que ocurre en “las escuelas de Alemania”. Las autoridades de la UE están “tratando de imponer a Hungría su voluntad sobre cómo deben ser educados los niños”, aseveró.
Orbán recalcó que su Gobierno no permitirá que “los activistas” LGTBI circulen libremente por las escuelas húngaras” promoviendo lo que definió como “propaganda sexual”.
La ley que prohíbe difundir información sobre las personas y el movimiento LGTBI
En escuelas, medios de comunicación o cualquier otro ámbito donde haya menores o al que los menores puedan acceder. Ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Bruselas. La UE ha mantenido en los últimos meses varios enfrentamientos con Hungría y otros Estados. Miembros como Polonia acerca de políticas que afectan a las garantías del Estado de derecho -como la independencia judicial-, los derechos de los migrantes y la libertad de prensa.
La aprobación en el Parlamento húngaro de esta ley que, según Orbán y su Administración, tiene como objetivo “proteger a los niños”, ha decidido a la Comisión a abrir el expediente infractor, el primer paso de un proceso que puede llevar a Hungría al Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea considera que esta norma vulnera “la dignidad humana, la libertad de expresión e información, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la no discriminación”. También conculca cuatro normas comunitarias —la directiva de Servicios Audiovisuales, la de Comercio Electrónico, la de Transparencia del Mercado Único y la de Protección de Datos—, así como la prestación de bienes y servicios de forma transfronteriza.
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El hartazgo de los responsables europeos quedó patente cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó la ley húngara como “una vergüenza”. La deriva radical de las autoridades húngaras había llevado ya a Bruselas a mantener en suspenso la aprobación de su plan de recuperación de la pandemia para ese país, de 7.200 millones de euros.
Orbán se refirió también, en sus declaraciones de este viernes, al retraso de los fondos de recuperación de la UE que, según predijo, Hungría “acabará recibiendo”.
Desde que asumió su cargo en 2010, Orbán, un político nacionalista de marcado carácter populista, ha hecho de sus enfrentamientos con Bruselas uno de sus caballos de batalla. De ideología ultraconservadora, su Gobierno se ha mostrado particularmente hostil hacia el colectivo LGTBI. Contra el que ha arremetido de forma reiterada en una campaña de tinte homófobo que se intensificó el año pasado. En las últimas dos semanas, se han instalado enormes vallas azules en con eslóganes como: “¿Estás molesto con Bruselas?” y “¿Tienes miedo de que tus hijos se enfrenten a la propaganda sexual?
