Carlos Alberto Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue retenido en Estados Unidos, generando una extensa atención mediática sobre su situación legal. La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha confirmado la existencia de una orden de aprehensión vigente en su contra, por los presuntos delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 12 de agosto, Treviño fue detenido en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Actualmente se encuentra en proceso de deportación y bajo la custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.
Sin embargo, la defensa de Treviño, representada por el bufete Zamudio Abogados, argumenta que la retención no está relacionada con ninguna orden de entrega a México, sino que es un malentendido estrictamente migratorio. Aseguran que Treviño reside legalmente en Estados Unidos, donde trabaja, y que ha solicitado asilo, lo que, en su opinión, lo haría “inextraditable”. También afirmaron que no existe una ficha roja de Interpol en su contra.
El despacho legal sostiene que las autoridades estadounidenses podrían considerar que la investigación en México representa una violación de los derechos fundamentales de su cliente, lo que contradice la narrativa de la FGR sobre la razón de su retención. Igualmente, advirtieron que cualquier intento de extradición debería ser judicialmente fundamentado, caso contrario, sería rechazado.
Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, contradijo la versión de la defensa al anunciar que Treviño había sido detenido con el propósito de ejecutar una solicitud de extradición antigua, argumentando que enfrentaría cargos relacionados con corrupción, particularmente vinculados al escándalo de Odebrecht y las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
La situación legal de Treviño continúa en desarrollo, y mientras su defensa plantea la existencia de confusiones administrativas, las declaraciones de las autoridades mexicanas parecen hacer eco de la urgencia de resolver un caso que ha capturado la atención pública, destacando las tensiones entre ambas naciones en temas de justicia y legalidad.
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