El reciente decreto firmado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marca un giro significativo en la política de minería oceánica del país. Esta orden ejecutiva, promulgada el jueves, da luz verde a la extracción de minerales en el fondo del océano, incluidas las aguas internacionales, un movimiento que ha suscitado preocupaciones en diferentes esferas, especialmente entre organizaciones defensoras del medio ambiente.
La decisión desafía la autoridad de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), un organismo de Naciones Unidas que regula el lecho marino en aguas profundas, un marco que Estados Unidos no ha ratificado y del que no forma parte. La nueva medida instruye al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, a “acelerar la revisión” y emisión de permisos para exploración y extracción más allá de la jurisdicción estadounidense, así como también en las aguas territoriales, apuntando a una rápida expansión de las actividades mineras en este entorno inexplorado.
Un funcionario del Gobierno estadounidense ha estimado que esta iniciativa podría resultar en la extracción de mil millones de toneladas de recursos en una década, además de proyectar la creación de 100,000 empleos y un impacto en el PIB que podría alcanzar los 300,000 millones de dólares en ese mismo periodo. Este ambicioso plan busca que Estados Unidos se posicione como líder en la minería de aguas profundas, especialmente en un sector en el que países como Japón ya han comenzado a explorar sus propios recursos.
El enfoque de la extracción se centra en los nódulos polimetálicos, que contienen minerales de alta demanda como manganeso, níquel, cobalto y cobre, así como tierras raras. Estas últimas son esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, desde baterías de vehículos eléctricos hasta electrónicos. La empresa canadiense The Metals Company (TMC) ha expresado su intención de avanzar en la minería en aguas profundas sin la supervisión de la AIFM, destacando el interés que este sector ha despertado.
Sin embargo, esta operación no está exenta de controversias. Jeff Watters, vicepresidente de la ONG Ocean Conservancy, advierte que las acciones del gobierno estadounidense podrían sentar un precedente peligroso, alentando a otros países a seguir su ejemplo, lo que podría resultar en consecuencias adversas para la salud de los océanos. Emily Jeffers, abogada del Centro para la Diversidad Biológica, también ha expresado su preocupación, señalando que esta iniciativa podría poner en riesgo uno de los ecosistemas más delicados del planeta al abrir la puerta a una explotación industrial sin tregua.
A medida que el debate sobre la sostenibilidad y el desarrollo de recursos naturales avanza, se plantea una importante reflexión sobre las fronteras de la explotación industrial en el océano, un ámbito que, hasta ahora, ha permanecido en gran medida inexplorado.
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