En la vibrante Ciudad de México, un alarmante promedio de tres vidas se extinguen cada día a causa de siniestros viales. En medio de este oscuro panorama, surge la interrogante: ¿cuántos de estos accidentes son realmente atribuibles a la imprudencia de conductores de vehículos motorizados? La situación parece compleja. En nuestras calles, muchos motoristas, al igual que ciclistas, parecen desafiar las normas de tránsito, pasando por alto altos en semáforos y circulando por banquetas, lo que en ocasiones culmina en atropellos fatales. Después de tales incidentes, los lamentos de las víctimas y sus familias estallan, frecuentemente culpando a los conductores, pero la realidad es más matizada.
Varias organizaciones civiles están trabajando arduamente en este problema de movilidad. Sin embargo, muchas voces coinciden en que la educación vial debe ocupar un lugar prominente en esta conversación. Recientemente, estas organizaciones presentaron una propuesta integral para reformar la Ley de Movilidad de la CDMX. Esta propuesta busca cumplir con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), que desde 2022 exige que todas las entidades federativas armonicen sus legislaciones locales con esta normativa para salvaguardar la integridad física y la vida de todos los usuarios de las vías en México.
Desde noviembre de 2022, el Congreso de la CDMX ha estado en falta al no legislar para adaptar su normativa de movilidad a las nuevas exigencias. El resultado: un promedio alarmante de tres muertes diarias en accidentes de tránsito. Claudia Moreno, representante de Salud Justa México, se pronunció sobre esta urgencia: “Es inaceptable que el Congreso continúe posponiendo este deber esencial”. La sociedad civil organizada ha presentado 57 temas clave en la iniciativa de ley, con la esperanza de que el proceso legislativo avance sin retrocesos.
La iniciativa aboga por la armonización con la LGMSV y propone la inclusión de numerosas medidas crítica. Estas incluyen la regulación y formación de autoescuelas para garantizar que todos los conductores estén adecuadamente preparados, y un enfoque centrado en la atención médica prehospitalaria rápida y efectiva para reducir la letalidad de los siniestros. Se plantea también un robusto sistema de fiscalización para controlar factores de riesgo como el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.
De especial importancia es el reconocimiento del derecho a la movilidad segura para todos los ciudadanos, con una atención particular a colectivos históricamente marginados, como niños, personas con discapacidad y ciclistas. El documento se fundamenta en investigaciones científicas y en los estándares internacionales promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que enfatizan la necesidad de crear entornos viales que protejan a las personas y reduzcan la probabilidad de accidentes fatales.
Por último, se vislumbra la necesidad de acciones contundentes que garanticen la seguridad vehicular. La propuesta toma en cuenta que, en casi cada accidente de tránsito, se encuentra involucrado un vehículo motorizado. Se proponen políticas para adquirir flotillas de vehículos más seguros, contribuyendo así a la protección de quienes transitan por la vía, especialmente aquellos más vulnerables.
La Ciudad de México ha sido pionera en reconocer el derecho a la movilidad en su Constitución, pero aún debe avanzar para que su legislación refleje este compromiso. La expectativa es que la propuesta de ley presentada por la ciudadanía sea escuchada por los futuros representantes legislativos y que se materialice una legislación que garantice una movilidad segura para todos, antes del final del año.
Con cada día que pasa, el tiempo para salvaguardar vidas en nuestra ciudad se agota. La urgencia es clara: la modificación de la ley de movilidad puede ser la clave para reducir la trágica estadística de muertes en las carreteras.
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