El pasado domingo, cuando sentía que su detención era inminente, la disidente nicaragüense Suyén Barahona tomó su teléfono y grabó un mensaje: “Si están viendo este vídeo es porque la policía me ha secuestrado y ha allanado mi casa como ha hecho con otros liderazgos sociales, políticos, defensores y también con los más de 120 presos y presas políticas”, dijo la activista, perteneciente a la agrupación de centroizquierda Unamos. Poco después, el vídeo en el que llamaba a la población a resistir y a convertir la indignación en acción estaba dando vueltas en las redes. Como ella, en los últimos días, al menos 16 personas, entre precandidatos presidenciales opositores, guerrilleros históricos sandinistas, activistas, miembros de ONG y empresarios han sido detenidos en Nicaragua durante la última arremetida del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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En esta nueva embestida contra todo lo que suene a oposición, el régimen orteguista tiene como aliadas varias leyes echas a su medida y a la policía bajo su control. Para los últimos arrestos han recurrido principalmente a la Ley 1055 , aprobada por la Asamblea Nacional controlada por Ortega, y que está usando para ahogar a sus críticos y perseguir a la oposición. La norma define como “traidores a la patria” e inhabilita para cargos de elección popular a quienes el Gobierno considere, entre otras cosas, que “inciten la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras”.
