Casi tres meses después que la Fiscalía del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo imputara a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero, la acusación en su contra fue ampliada contra sus hermanos Carlos Fernando y Pedro Joaquín Chamorro Barrios la tarde de este martes. También fueron acusados extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro por “lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva, apropiación y retención indebida”, en un nuevo giro de este proceso penal plagado de irregularidades jurídicas, de acuerdo a abogados.
La inclusión en la acusación de Carlos Fernando, el prestigioso periodista que en junio pasado volvió a exiliarse en Costa Rica, no resulta sorpresiva, luego de que el régimen sandinista lo señaló de lavar dinero en un comunicado oficial enviado al cuerpo diplomático acreditado en Managua y la policía allanó su casa. Sin embargo, en reiteradas ocasiones el director del medio de comunicación Confidencial reiteró no tener relación alguna con la fundación que su hermana dirigía.
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Tampoco tenía relaciones con la fundación Pedro Joaquín, el mayor de los hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quién fue apresado hace 60 días por el supuesto delito de “traición a la patria”. Es decir, un proceso judicial con tintes políticos que nada tenía que ver con el caso contra Cristiana, la precandidata presidencial que más simpatías generaba para enfrentar a los Ortega-Murillo en las urnas el próximo noviembre.
Pero ahora los hermanos Chamorro Barrios han sido incluidos en el caso contra Cristiana, quien permanece en prisión domiciliaria bajo estricto aislamiento. Según el Ministerio Público, la audiencia de ampliación y acusación se llevó a cabo este martes, pero los abogados de Cristiana Chamorro no fueron notificados. Es decir, que se llevó a cabo en total secretismo, una tónica que ha primado en este caso. Hasta ahora, la abogada defensora de la precandidata presidencial ha sido excluida del proceso, y no le han permitido ver a su clienta, en una violación del artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece que “toda persona en un proceso tiene derecho, en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”.
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Los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios acusados fueron Walter Gómez y Marcos Fletes (apresados hace 90 días), Loúrdes Arróliga, Guillermo Medrano, Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano, el chofer de Cristiana Chamorro, “por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero”. También fue implicada Ana Elisa Martínez Silva, por “apropiación y retención indebida; gestión abusiva; y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos”.
A nivel jurídico, el caso de Cristiana Chamorro presenta muchas inconsistencias, según Yader Morazán, abogado exiliado y extrabajador del sistema de justicia de Nicaragua. Una de las mayores inconsistencias es que la abogada de la precandidata presidencial, Orietta Benavides, no ha tenido acceso al expediente ni a conocer mayores detalles de la acusación, pese a que ha presentado alrededor de 20 escritos de solicitud.
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“En el caso de Cristiana Chamorro hay denegación de justicia y retardo malicioso, ambos violatorios a los artículos 464 y 465 del Código Penal de Nicaragua. A su vez, implica una falta al artículo 130 por obstáculo a la asistencia del abogado o los derechos del imputado, acusado o sentenciado”, explicó el jurista.
Persecución contra la familia Chamorro
Hasta ahora la Fiscalía no ha presentado prueba alguna de los delitos achacados a los Chamorro Barrios, una de las familias más influyentes de Nicaragua en el plano periodístico y de la libertad de expresión. Además de los tres hermanos imputados en este caso de la Fundación Violeta Barrios, la persecución y cárcel de los Ortega-Murillo ha alcanzado a otros miembros de la misma familia: Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, y Juan Lorenzo Holman Chamorro, director general de La Prensa, el principal diario del país que fue allanado y clausurado el pasado viernes 13 de junio, después que la dirección denunciara un nuevo embargo aduanero de papel y tinta.
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La persecución contra la familia Chamorro se materializa en un contexto en el que los Ortega-Murillo liquidaron las elecciones generales de noviembre con una escalada represiva que suma 37 opositores presos, entre ellos todos los precandidatos presidenciales que podían hacerle contrapeso a la fórmula presidencial sandinista, es decir la pareja presidencial que pretende perpetuarse en el poder a través de unos comicios sin transparencia y competitividad.
Ante el unánime rechazo internacional por la represión y el cierre electoral, que ha implicado sanciones, el gobierno Ortega-Murillo intenta respaldar su postura de que fueron “víctimas de un golpe de Estado”, “financiado con dinero de Estados Unidos”, con este caso de supuesto lavado de dinero, de acuerdo a opositores que opinaron para este artículo bajo condición de anonimato por miedo a ser apresados o declarados “traidores de la patria”. “Es un caso montado, como el de los otros presos políticos. Es el remedo jurídico, uno muy malo, de los dictadores para justificar la implantación de un régimen de partido único y su permanencia en el poder”, dijo un exdiputado.
